Sentencia N° 1772 Político-Administrativa TSJ 2000: Gobernación DEL Estado Bolivar vs Talleres Comar, C.A.

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una demanda interpuesta por la Gobernación del Estado Bolívar contra Talleres Comar, C.A. por resolución de contrato y daños y perjuicios. Se determinó que el contrato en cuestión era de naturaleza administrativa, lo que confería competencia a esta Sala. La decisión incluyó la aceptación de la competencia declinada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia y la nulidad de las actuaciones previas, ordenando la reposición de la causa al estado de admisión.

El presente caso está referido a una demanda intentada por la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVAR contra TALLERES COMAR, C.A. por resolución de contrato y daños y perjuicios, a tal efecto el tribunal remitente señaló que el mismo estaba referido a un contrato de naturaleza administrativa regido por el derecho público. Precisado lo anterior la Sala pasa a analizar si en efecto estamos en presencia de un contrato administrativo y para ello se remite a jurisprudencia de la Sala, la cual ha señalado como características esenciales de los contratos administrativos: 1) Que una de las partes en el contrato sea un ente público, 2) La presencia en el contrato de las llamadas cláusulas exorbitantes; y 3) La finalidad de utilidad de servicio público en el contrato. En el caso de autos se observa que se encuentran satisfechas las referidas características esenciales de los contratos administrativos. En efecto, una de las partes en el contrato es un ente público como lo es la GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVAR; en la cláusula Octava del referido contrato se encuentra presente una cláusula exorbitante como lo es: “La GOBERNACIÓN se reserva expresamente el derecho de resolver unilateralmente el presente contrato mediante simple participación escrita a la CONTRATADA, y sin indemnización alguna, cuando lo estime conveniente para sus intereses...”; y finalmente, el objeto del contrato está referido a la reparación general de veintiocho vehículos policiales destinados a la seguridad pública. Por lo tanto, visto que el objeto de la demanda es la resolución de un contrato de naturaleza administrativa según los planteamientos antes expuestos, la competencia para conocer del presente asunto corresponde a esta Sala Político-Administrativa, en virtud de lo establecido en el ordinal 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem. Así se declara.

Atendiendo a los razonamientos antes señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA la competencia que le fuera declinada por el el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en fecha 8 de octubre de 1998. Se declara la nulidad de las actuaciones realizadas en este juicio y se repone la causa al estado de admisión. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines de que decida sobre la admisión de la presente causa, salvo la competencia aquí decidida.