Sentencia N° 1766 Político-Administrativa TSJ 2000: Hector Betancourt Fernandez vs Roman Betancourt Guia

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de la jurisdicción en un caso de daños y perjuicios. El demandante, HECTOR BETANCOURT FERNANDEZ, había interpuesto una demanda contra ROMAN BETANCOURT GUIA y varias sociedades mercantiles, alegando responsabilidad civil derivada de hechos ilícitos. La parte demandada impugnó la jurisdicción del juez, argumentando que no existía una sentencia condenatoria previa que estableciera su responsabilidad penal.

Para decidir, la Sala observa: El objeto de la presente demanda es el pago por concepto de daños y perjuicios, presuntamente causados por “hechos ilícitos”, es decir, es una típica acción de derecho civil ordinaria, que de conformidad con lo establecido en el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil, corresponde conocer a los Jueces ordinarios. La parte demandada impugna la jurisdicción del Juez que conoce la causa, alegando que carece de la misma, por cuanto “la parte actora plantea que este Tribunal sentencie sobre una infundada responsabilidad civil, sin la previa sentencia condenatoria declarativa de responsabilidad criminal, que obligatoriamente debe producirse previamente para verificar si las circunstancias fácticas, le dan cabida a la indebida pretensión del actor”. Se evidencia de lo alegado por la parte demandada en el recurso de regulación de jurisdicción interpuesto, que lo planteado no es impugnación de la jurisdicción del Juez, sino que es materia de la contestación al fondo de la demanda. Ahora bien, en derecho existe un principio fundamental que rige efectivamente en el ordenamiento jurídico venezolano, es el principio de legalidad, el cual establece que para que una conducta pueda ser sancionada o regulada debe estar previa y expresamente establecida en la ley, este principio constituye una garantía para todos los ciudadanos y es una barrera en contra de la posible arbitrariedad de los órganos destinados a aplicar las disposiciones legales.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que EL PODER JUDICIAL SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por el ciudadano HECTOR BETANCOURT FERNANDEZ contra el ciudadano ROMAN BETANCOURT GUIA y las sociedades mercantiles INVERSIONES GALPONES DOCE HECTAREAS, C.A. e INVERSIONES 4-6-92, C.A., ambas partes antes identificadas. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 8 de julio de 1999. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa.