Sentencia N° 176 — Sala Político Administrativa del TSJ, 8 de febrero de 2011

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se avoca al conocimiento de la demanda por cumplimiento de contrato presentada por C.V.G. Industria Venezolana de Aluminio, C.A. (VENALUM) contra Multinacional de Seguros, C.A. La Sala determina que ha existido un retardo procesal significativo, lo que justifica la solicitud de avocamiento. Además, se decreta una medida cautelar de embargo preventivo sobre bienes de la demandada por un monto total de 232.389.406,88 bolívares, debido a la falta de pago de la indemnización correspondiente a un siniestro ocurrido en 1998.

La Sala verifica que la demanda por cumplimiento de contrato de seguro fue interpuesta el 24 de octubre de 2003, y ha transcurrido un tiempo excesivo sin que se haya alcanzado la etapa de contestación a la demanda. Se establece que el retardo procesal ha sido evidente y que la falta de respuesta por parte del Juzgado ha afectado los derechos de la parte demandante. En consecuencia, se considera que la solicitud de avocamiento es procedente. Asimismo, se concluye que la medida cautelar de embargo preventivo es necesaria para proteger los derechos patrimoniales de la parte actora, dado el riesgo de que la ejecución del fallo sea ilusoria si no se toman medidas inmediatas.

1.- Se AVOCA al conocimiento de la demanda por cumplimiento de contrato incoada por C.V.G. INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO, C.A. (VENALUM) contra MULTINACIONAL DE SEGUROS, C.A. 2.- Se ORDENA oficiar al Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, para que remita a este Máximo Tribunal el cómputo de los días de despacho transcurridos desde el 20 de octubre de 2005. 3.- Se declara PROCEDENTE la medida preventiva de embargo solicitada, decretando EMBARGO PREVENTIVO sobre bienes muebles propiedad de MULTINACIONAL DE SEGUROS, C.A. hasta por la cantidad de 232.389.406,88 bolívares. 4.- Se ORDENA oficiar a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora para que determine los bienes sobre los cuales será practicada la medida de embargo.