Sentencia N° 176 Político-Administrativa TSJ 2001: María Dolores Correa Márquez vs Javier Enrique Nieto de Ávila

TSJ/SPA, Sent. N° 00176, Exp. 15360, 20/02/2001 · 15 de febrero de 2001
Expediente15360
Parte actora / solicitanteMARÍA DOLORES CORREA MÁRQUEZ
Parte demandada / contraparteJAVIER ENRIQUE NIETO DE ÁVILA
PonenteHADEL MOSTAFÁ PAOLINI
MateriaCivil
Tipo de recursoExequatur
Fecha de la decisión2001-02-15
DecisiónCon Lugar

Resumen

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia concede fuerza ejecutoria a una sentencia dictada por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Cartagena, Colombia, que disolvió el matrimonio entre María Dolores Correa Márquez y Javier Enrique Nieto de Ávila. La decisión se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros, ratificada por ambos países. Se verifica que la sentencia cumple con las formalidades necesarias y que el tribunal colombiano tenía competencia para juzgar el asunto según la ley venezolana.

Extracto de la motiva

Corresponde a esta Sala decidir acerca de la solicitud de exequátur formulada, por lo que debe analizarse a la luz del Derecho Procesal Civil Internacional y, dentro de éste debe atenderse a la jerarquía de las fuentes en materia de Derecho Internacional Privado. Así, conforme al artículo 1º de la Ley de Derecho Internacional Privado, vigente a partir del 6 de febrero de 1999, dicha jerarquía se encuentra establecida en los términos siguientes: 'Los supuestos de hecho relacionados con los ordenamientos jurídicos extranjeros se regularán, por las normas del Derecho Internacional Público sobre la materia, en particular, las establecidas en los tratados internacionales vigentes en Venezuela; en su defecto, se aplicarán las normas de Derecho Internacional Privado venezolano; a falta de ellas, se utilizará la analogía y finalmente, se regirán por los principios de Derecho Internacional Privado generalmente aceptados'. Ahora bien, en el presente caso se solicita que se declare mediante el procedimiento de exequátur, la fuerza ejecutoria en la hoy República Bolivariana de Venezuela, de una sentencia dictada por un Tribunal de la República de Colombia. Advierte la Sala que los Estados Miembros de la Organización de los Estados Americanos suscribieron en Montevideo, el 08 de mayo de 1979 durante la Segunda Conferencia Especializada Interamericana sobre Derecho Internacional Privado, la 'Convención Interamericana sobre Eficacia Extraterritorial de las Sentencias y Laudos Arbitrales Extranjeros', ratificada por ambos Estados (Colombia y Venezuela) y cuya Ley Aprobatoria venezolana fue publicada en Gaceta Oficial Nro. 33.144 el 15 de enero de 1985. Por tanto, visto que la Convención de Montevideo se encuentra vigente entre ambos Estados y que la sentencia que se pretende ejecutar fue dictada en un proceso de naturaleza civil (como lo exige el artículo 1º del mencionado instrumento), debe esta Sala proceder al análisis de la decisión extranjera a la luz de las condiciones requeridas por el artículo 2 de la referida Convención.

Dispositiva

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por la autoridad de la Ley, CONCEDE FUERZA EJECUTORIA en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela a la sentencia de fecha 27 de febrero de 1995, dictada por el Juzgado Tercero Promiscuo de Familia de Cartagena, República de Colombia, que declaró el cese de los efectos civiles del matrimonio contraído entre los ciudadanos MARÍA DOLORES CORREA MÁRQUEZ y JAVIER ENRIQUE NIETO DE ÁVILA; igualmente estableció disuelta y en estado de liquidación la sociedad conyugal y ordenó proceder a liquidarla, así como lo referente a la custodia de los menores nacidos del vínculo disuelto. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.

Palabras clave

exequaturnulidad de matrimonioderecho internacional privadosentencia extranjeraabandonos del hogarconvención interamericanajurisdiccióncosa juzgada

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