Sentencia N° 1748 Político-Administrativa TSJ 2000: Tomas Figuera Mata vs Alcaldía del Municipio Libertador

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la declinatoria de competencia planteada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo, en relación a un recurso de nulidad interpuesto por TOMAS FIGUERA MATA contra un acto administrativo de la Alcaldía del Municipio Libertador. La Sala determinó que el conocimiento del caso corresponde al mencionado Juzgado Superior, al considerar que la acción principal abarca tanto la nulidad de un acto administrativo particular como de una ordenanza de carácter general.

En el caso de autos, el Tribunal Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, considerando que el caso sub iudice debe ser subsumido en el supuesto de hecho del artículo 42 ordinal 9 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, declinó la competencia en esta Sala, en base a los siguientes razonamientos: “...estando dirigida la acción principal a la declaratoria de nulidad parcial de la ordenanza sobre pensiones y jubilaciones del Municipio Libertador, el conocimiento de la misma escapa a este Tribunal, siendo competente para conocer la Sala Politíca Administrativa de la Corte Suprema de Justicia de conformidad con lo establecido en el ordinal 9 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia a quién se acuerda remitir estas actuaciones junto con oficio...”. En este sentido, el artículo 42, ordinal 9 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia dispone que es competencia de esta Sala: 9º.- Declarar la nulidad, cuando sea procedente por razones de ilegalidad, de los actos generales de los órganos unipersonales o colegiados del poder Público, salvo en los casos previstos en las disposiciones transitorias de esta Ley. (subrayado de la Sala). Asimismo, el artículo 181 eiusdem, establece: “Artículo 181. Mientras se dicta la Ley que organice la jurisdicción contencioso-administrativa, los Tribunales Superiores que tengan atribuida competencia en lo Civil, conocerán, en primera instancia en sus respectivas circunscripciones, de las acciones o recursos de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, emanados de autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, si son impugnados por razones de ilegalidad. Cuando la acción o el recurso se funde en razones de inconstitucionalidad, el Tribunal declinará su competencia en la Corte Suprema de Justicia. En la tramitación de dichos juicios los Tribunales Superiores aplicarán en sus casos, las normas establecidas en las Secciones Segunda, Tercera y Cuarta del Capítulo II, Título V, de esta Ley. Contra las decisiones dictadas con arreglo a este artículo, podrá interponerse apelación dentro del término de cinco días, para ante la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo a que se refiere el artículo 184 de la Ley.”. (subrayado de la Sala). Del análisis de las actas que componen el expediente, se desprende en primer término, el error en que incurre el juez de la causa, al circunscribir la pretensión del accionante a la declaratoria de nulidad de la Ordenanza sobre Pensiones y Jubilaciones del Municipio Libertador, cuando en realidad la acción incoada tiene como objeto tanto la declaratoria de nulidad de la referida ordenanza, así como también, el acto de efectos particulares mediante el cual se le retiró al recurrente la asignación mensual que percibía como funcionario jubilado del Municipio Libertador. Es decir el recurso interpuesto, es una acción conjunta de nulidad por razones de ilegalidad, contra un acto de efectos particulares y contra el acto de efectos generales que le sirve de base legal.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley NO ACEPTA LA COMPETENCIA y declara que corresponde al Tribunal Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, el conocimiento y decisión del asunto planteado. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.