Sentencia N° 1747 Político-Administrativa TSJ 2000: Libi Crestani Mauro — Jurisdicción del Poder Judicial Venezolano para conocer…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción para conocer de una denuncia interpuesta por LIBI CRESTANI MAURO, quien alegó delitos contra la propiedad. El juzgado de instancia había declarado su falta de jurisdicción respecto a un juez extranjero y remitió el caso a la Sala. La Sala, tras analizar la situación, concluyó que no existían elementos suficientes para determinar el lugar de comisión del delito, lo que justificaba la competencia de los tribunales venezolanos.

Corresponde a esta Sala conocer en consulta de conformidad con el artículo 51 del Código Orgánico Procesal Penal y 59 del Código de Procedimiento Civil, la decisión dictada por el a quo, en fecha 3 de julio de 1995, mediante la cual declaró la falta de jurisdicción de los tribunales de la República respecto del juez extranjero. En tal sentido, con base a la declaración que rindiera el denunciante ante el órgano instructor, en la cual manifestó que “...Según la última información el faltante de mercancía es de la Ciudad de Miami y no como se presumía anteriormente que había ocurrido en el Puerto de la Guaira.”, el Juez de la causa declaró lo siguiente: “...la mercancia (sic) que inicialmente se denuncia como presuntamente sustraída del Puerto de la Guaira, jurisdicción del Municipio Vargas del Distrito Federal el día 19 de abril de 1995, fue objeto de apoderamiento en la ciudad de Miami, Florida de los Estados Unidos de Norteamérica.-” Examinadas las actas que componen el expediente, se constata que no cursan en autos elementos de prueba suficientes que permitan verificar el lugar de comisión del hecho punible denunciado ya que la declaración rendida por el denunciante, no constituye plena prueba del lugar en el cual presuntamente se cometió el delito. En este sentido, el artículo 54 del Código Orgánico Procesal Penal, dispone que cuando no conste en autos el lugar de consumación o de realización del último acto tendiente a la consumación del delito, corresponderá el conocimiento y decisión del asunto al Juzgado que ejerza la jurisdicción donde se encuentren los elementos que sirvan para la investigación del hecho y la identificación del sujeto activo del delito, o de la residencia del investigado, o donde se reciba la primera solicitud de investigación, por parte del Ministerio Público. Así, visto que no cursan en autos elementos de juicio que evidencien el lugar de realización de los hechos denunciados y dado que los indicios que permitan verificar la comisión o no de algún hecho punible se encuentran en el territorio de la República, esta Sala considera ajustado al caso de marras, el supuesto de hecho de la norma supra señalada y en consecuencia afirma la jurisdicción de los Tribunales de la República para conocer de la denuncia interpuesta y así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que EL PODER JUDICIAL VENEZOLANO SI TIENE JURISDICCION PARA CONOCER Y DECIDIR LA DENUNCIA INTERPUESTA POR LIBI CRESTANI MAURO. Queda así revocada la decisión, emitida por el a quo en fecha 3 de julio de 1995. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente a la Oficina Distribuidora de expedientes, a los fines de que distribuya el expediente al tribunal penal competente y se continúe la sustanciación del proceso de conformidad con lo dispuesto en el artículo 507 del Código Orgánico Procesal Penal. Cúmplase lo ordenado.