Sentencia N° 1734 Político-Administrativa TSJ 2001: NORA BEATRIZ GONZÁLEZ MOLERO de PADILLA vs Universidad Central de Venezuela
TSJ/SPA, Sent. N° 01734, Exp. 16323, 07/08/2001 · 2 de agosto de 2001
Expediente16323
Parte actora / solicitanteNORA BEATRIZ GONZÁLEZ MOLERO de PADILLA
Parte demandada / contraparteUNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA
PonenteHADEL MOSTAFÁ PAOLINI
MateriaContencioso-Administrativo
Tipo de recursoAclaratoria
Fecha de la decisión2001-08-02
DecisiónIMPROCEDENTE
Resumen
La ciudadana NORA BEATRIZ GONZÁLEZ MOLERO de PADILLA solicitó aclaratoria de una sentencia dictada el 8 de marzo de 2001, que declaró sin lugar su apelación contra un auto del Juzgado de Sustanciación. La Sala Político Administrativa del TSJ se pronunció sobre la improcedencia de la solicitud de aclaratoria, argumentando que no se puede impugnar lo ya decidido por la autoridad judicial competente. La Sala destacó que la aclaratoria no es un medio para contradecir los efectos de la sentencia, sino para solventar defectos o deficiencias en la misma.
Extracto de la motiva
Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la solicitud de aclaratoria presentada por la ciudadana NORA BEATRIZ GONZALEZ MOLERO de PADILLA, no sin antes precisar que la posibilidad de hacer correcciones a las sentencias judiciales, por medios específicos está contemplada en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. Tales medios de corrección de los fallos son: las aclaratorias, las salvaturas, las rectificaciones y las ampliaciones. Cada uno de ellos tiene finalidades diferentes que dependerán de las deficiencias que presenten las sentencias. Así las cosas, el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil establece la procedencia de la aclaratoria y en virtud de ello se transcribe su contenido, que es del tenor siguiente: “Artículo 252: Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado. Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas ampliaciones las solicite alguna de las partes en el día de la publicación o en el siguiente.” Ahora bien, es necesario resaltar que el mecanismo contemplado en la norma procesal señalada, de manera alguna está dirigida a impugnar o contradecir los efectos de lo decidido en el fallo, por cuanto se trata de un medio destinado a solventar los defectos o deficiencias que ésta pudiera contener. Establecido lo anterior, pasa esta Sala a resolver la presente solicitud de aclaratoria en los siguientes términos: Con relación a los puntos contenidos en la solicitud y que fueron transcritos, advierte la Sala que los alegatos de la solicitante están dirigidos a que se emita un nuevo pronunciamiento sobre los puntos claramente decididos en el fallo, lo cual no constituye materia de aclaratoria en virtud del principio de la cosa juzgada, que impide remover en juicio lo que ha sido ya decidido de manera irrevocable por la autoridad judicial competente, toda vez que la sentencia es en si misma suficiente para explicar cada uno de los puntos contenidos en la aclaratoria.
Dispositiva
En mérito de las precedentes consideraciones, este Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria, presentada en fecha 14 de marzo de 2001, por la ciudadana NORA BEATRIZ GONZALEZ MOLERO de PADILLA, asistida de abogado, de la sentencia dictada por esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 8 de marzo de 2001, que declaró sin lugar la apelación interpuesta por la mencionada ciudadana contra el auto del Juzgado de Sustanciación de fecha 21 de septiembre de 1999, que declaró inadmisible la demanda interpuesta contra la UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA. Publíquese y regístrese. Téngase la presente decisión como parte de la sentencia dictada en fecha 8 de marzo de 2001.