Sentencia N° 1731 Político-Administrativa TSJ 2000: Jesús Antonio Cabeza Castro vs República Bolivariana de Venezuela

La sentencia se refiere a una demanda interpuesta por Jesús Antonio Cabeza Castro contra el Congreso Nacional de la República de Venezuela, por conceptos laborales. El Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Trabajo se declaró incompetente y remitió el caso a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. La Sala, al analizar la situación, determinó que la parte demandada debía ser la República Bolivariana de Venezuela, ya que el Congreso no tiene personalidad jurídica propia para ser demandado.

El problema medular planteado en el presente caso, a juicio de la Sala, radica en lo que debe entenderse cuando el artículo 5, numeral 2 de la Ley de Carrera Administrativa, habla de funcionarios del Servicio Exterior amparados por la Ley de Personal del Servicio Exterior. Al respecto considera esta Sala, que el criterio mantenido por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo hasta la fecha de la decisión apelada, mediante el cual los funcionarios en comisión no se encuentran ‘amparados’ –como sinónimo de protegidos- en materia de estabilidad laboral por la Ley de Personal del Servicio Exterior, y por lo tanto debe aplicársele en esta materia las normas contenidas en la Ley Carrera Administrativa, era incorrecto, toda vez que los funcionarios en comisión se encuentran regulados o sometidos a un régimen jurídico o estatuto de Personal determinado (Ley de Personal del Servicio Exterior) y por ende excluidos de la aplicación de la Ley de Carrera Administrativa, no sólo en materia de estabilidad, sino en todos los demás aspectos relacionados con el ejercicio de esta clase de funcionarios.

PRIMERO: ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, mediante decisión de fecha 25 de abril del 2000, que declaró con lugar la cuestión previa opuesta por la parte demandada. SEGUNDO: ANULA todas las actuaciones realizadas en el presente expediente y, en consecuencia, REPONE la causa al estado de admisión. TERCERO: ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que éste se pronuncie acerca de los requisitos de admisibilidad –salvo la competencia- y si ello resultare procedente, sustancie el juicio con arreglo a los trámites procesales pertinentes.