Sentencia N° 1723 — Sala Político Administrativa del TSJ, 1 de diciembre de 2009

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara sin lugar el recurso de nulidad interpuesto por Nancy López Aljorna contra la decisión de la Contraloría General de la República que declaró su responsabilidad administrativa y le impuso una multa. La Sala fundamenta su decisión en que el procedimiento administrativo se realizó conforme a la ley vigente en el momento de los hechos y que no se vulneraron los derechos al debido proceso y a la defensa de la recurrente. Se concluye que los alegatos de la parte recurrente no son suficientes para desvirtuar la legalidad del acto impugnado.

La Sala ha establecido que el principio de irretroactividad de la ley está referido a la prohibición de aplicar una normativa nueva a situaciones de hecho nacidas con anterioridad a su vigencia, permitiéndose la retroactividad de la norma sólo como defensa o garantía de la libertad del ciudadano. En el presente caso, se observa que los hechos que dieron lugar a la averiguación administrativa se produjeron bajo la vigencia de la derogada Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, promulgada el 13 de diciembre de 1995, por lo que no hubo en el presente caso aplicación retroactiva de la Ley. Asimismo, se constata que los cargos atribuidos a la ciudadana Nancy López Aljorna fueron formulados por la Contraloría General de la República según lo previsto en el artículo 119 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República de 1995, en virtud del resultado de las averiguaciones administrativas iniciadas el 21 de diciembre de 2001.

Se declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la ciudadana NANCY LÓPEZ ALJORNA, contra la decisión definitiva de fecha 26 de octubre de 2006, dictada por el Director de la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Dirección General de Procedimientos Especiales de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, actuando como delegatario del Contralor General de la República mediante el cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración, y confirmó el acto administrativo de fecha 28 de agosto de 2006, que estableció la responsabilidad administrativa de la recurrente y le impuso multa. En consecuencia queda FIRME el acto impugnado.