Sentencia N° 1714 Político-Administrativa TSJ 2001: Fanni José Millán Boada vs CONSEJO de la JUDICATURA — Recurso…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió el recurso contencioso-administrativo de nulidad interpuesto por Fanni José Millán Boada contra la sanción de amonestación impuesta por el extinto Consejo de la Judicatura. La recurrente alegó prescripción de la acción y vicios en la base legal del acto administrativo, argumentando que la sanción no se ajustaba a la normativa aplicable. Sin embargo, la Sala determinó que la conducta de la juez recurrente constituyó un descuido injustificado en la tramitación de la convocatoria de suplentes, lo que justificó la sanción impuesta.

Hechas las anteriores consideraciones, pasa esta Sala a decidir el recurso contencioso-administrativo de nulidad ejercido contra el acto administrativo de efectos particulares dictado por el extinto Consejo de la Judicatura, en virtud del cual se resolvió amonestar a la abogada Fanni José Millán Boada, en el ejercicio del cargo que venía desempeñando como Juez (titular) del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Efectuada la lectura del expediente y examinados los alegatos formulados por la parte recurrente así como por el órgano emisor del acto, se observa: 1.- La defensa de la recurrente aduce, en primer término, la prescripción de la acción, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 312 del derogado Código de Enjuiciamiento Criminal, aplicable de manera supletoria, según sostiene, al procedimiento administrativo disciplinario, ello en virtud de que a su representada se le impuso la sanción de amonestación, cuando la acción disciplinaria se encontraba prescrita. Al respecto, el citado artículo dispone: “El sobreseimiento procede en el sumario después de haberse dictado el auto de detención o de sometimiento a juicio, y en cualquier instancia de la causa, en el plenario: ...(omissis) 7.- porque esté prescrita la acción penal. (omissis)” Es menester indicar que efectivamente el artículo 66 de la derogada Ley Orgánica del Consejo de la Judicatura, confiere carácter supletorio a las normas del Código de Enjuiciamiento Criminal para los casos y situaciones no previstas en el procedimiento administrativo disciplinario; sin embargo, no es menos cierto que tal remisión fue hecha expresamente en cuanto sea procedente y no para todas las hipótesis de faltas disciplinarias, pues lógicamente aun cuando el derecho administrativo en su ámbito sancionatorio participa de algunas de las características del derecho penal, ello no significa que armonicen íntegramente en todos sus aspectos. Es así como la Sala Político-Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, aplicó analógicamente a los casos de sanciones disciplinarias que implican la suspensión del cargo de juez, el lapso de prescripción contemplado en el ordinal 6º del artículo 108 del Código Penal (ver, entre otras, sentencia de fecha 12 de diciembre de 1996, caso: Braulio Sánchez). Ahora bien, el ordinal 6º del artículo 108 del Código Penal, norma invocada por el defensor de la accionante, indica que la acción penal prescribe por un año, cuando el hecho punible acarree arresto por tiempo de uno a seis meses o multa mayor de ciento cincuenta bolívares o suspensión del ejercicio de la profesión, industria o arte. Claramente puede notarse que dicho dispositivo no se ajusta al caso decidido, pues la norma que alude a la prescripción, de corte penal, se refiere a los casos de suspensión del ejercicio de la profesión, en tanto que el supuesto planteado en el presente caso, de orden administrativo, prevé específicamente la sanción de amonestación. Pero, ocurre que ninguno de los otros supuestos contemplados en la norma señalada permite plantearse, de ninguna manera, la aplicación supletoria al supuesto relativo a la amonestación, pues como ya se dijera, aun existiendo semejanzas del procedimiento penal con el administrativo sancionatorio, resulta inevitable atender a las marcadas diferencias que hacen muchas veces incompatible un supuesto con otro.

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA: SIN LUGAR el recurso contencioso-administrativo de nulidad ejercido por la ciudadana FANNI JOSÉ MILLÁN BOADA, contra el acto administrativo de fecha 12 de noviembre de 1998, dictado por el Tribunal Disciplinario del extinto CONSEJO de la JUDICATURA, acto mediante el cual se le amonestó en el cargo de Juez (titular) Duodécimo de Primera Instancia en lo Penal y de Salvaguarda del Patrimonio Público de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. En consecuencia, se ordena la devolución del expediente administrativo a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.