Sentencia N° 1711 Político-Administrativa TSJ 2000: Jose Luis Molina Martinez vs Instituto Venezolano de LOS Seguros Sociales

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia admite el recurso contencioso administrativo de nulidad y la acción de amparo constitucional interpuestos por José Luis Molina Martínez, en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil Construcciones y Mantenimiento 3188195 C.A, contra la Resolución N° 320 del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La Sala determina su competencia para conocer ambas acciones y establece que la acción de amparo es un medio idóneo para la protección del recurrente durante el proceso. Finalmente, se ordena la apertura de pieza separada para la tramitación de la acción de amparo y se solicita al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales que informe sobre las violaciones constitucionales alegadas.

Visto que la presente querella ha sido incoada mediante la interposición de recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con acción de amparo cautelar, corresponde a esta Sala, de forma preliminar, el pronunciamiento de rigor sobre la admisibilidad del recurso principal. En efecto, mediante reciente fallo de esta Sala en fecha 27 de abril del año en curso (Sentencia N° 953), se estableció que: “...siendo que la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales no establece un procedimiento para la tramitación de las acciones conjuntas (de nulidad contra actos administrativos de efectos particulares y amparo cautelar) y por cuanto la admisión de la demanda o solicitud que efectúa el “Juzgado de Sustanciación” a que hacen referencia los artículos 84 y 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, versan sobre acciones de nulidad (sin pretensión cautelar de amparo), es razón por la que, dada la urgencia que caracteriza a estas acciones conjuntas y vista la imposibilidad que tiene el órgano sustanciador (distinción que se efectúa únicamente para los casos de tribunales que funcionan con “Juzgados de Sustanciación”) de pronunciarse en relación a la solicitud cautelar de amparo, es razón por la que esta Sala acoge para la determinación de la competencia y admisibilidad de la acción de nulidad y amparo cautelar, la referida tramitación conjunta, para lo cual, una vez recibidas en Secretaría las actas que conformas el expediente, deberán las mimas remitirse de inmediato ante la Sala, a fin de que ésta dictamine sobre su competencia para conoce ambas acciones (constituido en presupuesto para dictar sentencia) para posteriormente, realizar en cuanto a la acción principal, un examen de las causales de inadmisibilidad previstas en los artículos 84 y 124 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Tribunal Supremo, pero sin emitir pronunciamiento en relación a la caducidad y agotamiento de la vía administrativa, de conformidad con lo establecido en el parágrafo único del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. (Subrayado de la Sala en esta ocasión). Todo lo cual conduce a esta Sala a pronunciarse sobre los motivos de admisibilidad del recurso principal – el de nulidad -, conforme a lo previsto en los artículos 84 y 124 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; resultando excluidos de tal examen, los referidos a la caducidad de la acción y el del previo agotamiento de la vía administrativa, por imperium del Parágrafo Único del artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Por todas las razones expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la ley, declara: COMPETENTE, para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con acción de amparo constitucional interpuesto por el ciudadano José Luis Molina Martínez, en su carácter de Presidente de la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO 3188195 C.A, supra identificados, en contra de la Resolución N° 320 de fecha 08 de mayo de 2000 dictada por el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES. Se ADMITE el recurso contencioso administrativo de nulidad y, en tal sentido, se ORDENA: (i) Solicitar mediante oficio al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales el expediente administrativo de la presente causa de conformidad con lo previsto en el artículo 123 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia y, de conformidad con lo previsto en artículo 125 eiusdem: (ii) Notificar a los ciudadanos Procurador General de la República y Fiscal General de la República, remitiéndoles copia certificada del escrito recursivo y de la documentación anexa al mismo; (iii) Remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Sala a los fines de que cumpla con lo ordenado, decida sobre la necesidad de librar el Cartel de emplazamiento y continúe la consecución y tramitación del procedimiento de nulidad. Se ADMITE la acción de amparo conjuntamente interpuesta con recurso contencioso administrativo de nulidad y, a tales fines, se ORDENA la apertura de pieza separada para su tramitación. Se ORDENA oficiar al Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para que de conformidad con el artículo 23 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, informe sobre las pretendidas violaciones constitucionales alegadas por los recurrentes, ello, dentro del lapso de cuarenta y ocho (48) horas a partir de la presente notificación. Igualmente, notifíquese al Fiscal General de la República conforme al artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Publíquese, regístrese y notifíquese. Cúmplase lo ordenado.