Sentencia N° 171 Político-Administrativa TSJ 2000: Carlos Jose Pereira vs Atanasio Carrero Sanchez — Regulación de jurisdicción…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción en un caso de cumplimiento de contrato de arrendamiento. Se determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción intentada por el demandante, confirmando la decisión impugnada del tribunal inferior. Además, se impuso una multa a la parte demandada por interponer una solicitud de regulación de jurisdicción considerada infundada.

Para decidir, la Sala observa: En fecha 1 de enero de 2000 entró en vigencia la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (G.O. Nº. 36.845 de fecha 7 de diciembre de 1999), la cual además de unificar toda la especial legislación inquilinaria mediante un único cuerpo normativo regulatorio, estatuye un régimen que ostensiblemente limita los supuestos por los cuales, en puridad de criterio, puede sostenerse con fundados motivos, regulación de la jurisdicción con ocasión a controversias que versen en materia inquilinaria. En efecto, de conformidad con las disposiciones contenidas en su texto, la competencia atribuida a la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura y a las Direcciones de Inquilinato de las Alcaldías del interior de la República, deviene en limitada y circunscrita a: 1) la fijación de los cánones máximos a cobrar para aquellos inmuebles sujetos a regulación de alquileres; 2) a la revisión de los montos productos de los actos regulatorios previos y, 3) a la imposición de sanciones administrativas por infracciones a las normas de orden público que dicha Ley estatuye. De suerte tal que, en criterio de esta Sala, todas aquellas solicitudes de regulación de la jurisdicción que sean interpuestas por motivos distintos a los recién expuestos, deben considerarse como producto de una inadecuada táctica dilatoria que, manifiestamente contraria los principios establecidos en los artículos 26 y 257 de la Carta Magna que inspiran al procedimiento judicial, como es el de la celeridad procesal y los deberes de lealtad y probidad; situación ésta no sólo aplicable para las causas iniciadas bajo la vigencia de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, sino también, para aquellas solicitudes que aún cuando interpuestas bajo el imperium de la legislación derogada, igualmente devenían en manifiestamente infundadas visto el criterio pacífico y reiterado de esta Sala aplicado en el pasado para casos similares en los términos antes expuestos.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la acción intentada por el ciudadano CARLOS JOSÉ PEREIRA contra el ciudadano ATANASIO CARRERO SANCHEZ. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a-quo en fecha 13 de Abril de 1999. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa.