Sentencia N° 1705 Político-Administrativa TSJ 2000: Miguel Ángel Garcilazo Cabello vs Ministro de la Defensa

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, resolvió el recurso de nulidad interpuesto por el ciudadano Miguel Ángel Garcilazo Cabello contra la decisión del Ministro de la Defensa que lo pasó a situación de retiro. La Sala analizó los alegatos del recurrente, que incluían falta de motivación y vicios en el Consejo de Investigación. Tras evaluar las pruebas y los antecedentes, la Sala concluyó que la decisión administrativa impugnada contaba con la debida motivación y que el procedimiento seguido fue ajustado a derecho.

Respecto al primer alegato del recurrente referido a la ausencia de “causa y motivación” de la resolución objeto del presente recurso, se observa: Por causa del acto administrativo ha de entenderse los antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho que en cada caso llevan a dictarlo. Va de suyo que tales antecedentes o circunstancias de hecho o de derecho deben existir o concurrir al tiempo de emitirse el acto. La causa del acto administrativo consiste en el fin concreto que los órganos administrativos persiguen en ejercicio de su actividad para satisfacer el respectivo interés público. La Administración, cuando dicta un acto administrativo, no puede actuar caprichosamente, sino que tiene que hacerlo, necesariamente, tomando en consideración las circunstancias de hecho que se corresponden con la base o fundamentación legal que autoriza su actuación. En general, todo acto administrativo para que pueda ser dictado, requiere: a) que el órgano tenga competencia; b) que una norma expresa autorice la actuación; c) que el funcionario interprete adecuadamente esa norma; d) que constate la existencia de una serie de hechos del caso concreto, y e) que esos supuestos de hecho concuerden con la norma y con los presupuestos de hecho. Todo ello es lo que puede conducir a la manifestación de voluntad que se materializa en el acto administrativo. En tal sentido, los presupuestos fácticos o los supuestos de hecho del acto administrativo son la causa o motivo de que, en cada caso, el acto se dicte. Este requisito de fondo de los actos administrativos es quizás el más importante que se prevén para el control de la legalidad de los actos administrativos a los efectos de que no se convierta en arbitraria la actuación de un funcionario. Por ello, la Administración está obligada a comprobar adecuadamente los hechos y a calificarlos para subsumirlos en el presupuesto de derecho que autoriza la actuación. No puede, por tanto, la Administración, dictar actos fundados en hechos que no ha comprobado.

Por los razonamientos expuestos, el Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político Administrativa, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano MIGUEL ÁNGEL GARCILAZO CABELLO, titular de la cédula de identidad Nº 8.329.759, contra la decisión tácita del MINISTRO DE LA DEFENSA, confirmatoria de la Resolución Nº DG- 7863 de fecha 4 de marzo de 1997, mediante la cual se le pasó a la situación de retiro. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvanse las actas administrativas y archívense las judiciales.