Sentencia N° 1701 Político-Administrativa TSJ 2000: Fortunato Lauriano vs Manuel Negrin Cabeza — Regulación de jurisdicción en…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción en un caso de resolución de contrato de arrendamiento. Se confirmó la decisión del Juzgado Segundo de Primera Instancia que había declarado sin lugar la falta de jurisdicción opuesta por la parte demandada y parcialmente con lugar la demanda interpuesta por el ciudadano Fortunato Lauriano. Además, se impuso una multa al demandado por haber presentado una solicitud de regulación de jurisdicción infundada.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 2º de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de resolución de un contrato de arrendamiento, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el antes mencionado artículo, en el 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político Administrativa de el Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por el ciudadano FORTUNATO LAURIANO contra el ciudadano MANUEL NEGRÍN CABEZA. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 10 de febrero de 2000. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa al ciudadano MANUEL NEGRÍN CABEZA, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa.