Sentencia N° 170 — Sala Político Administrativa del TSJ, 8 de febrero de 2011

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declaró improcedente la medida cautelar solicitada por RADIO VICTORIA, C.A. para suspender los efectos de la Resolución N° 024 del 26 de febrero de 2010, que anuló permisos otorgados a la emisora. La Sala argumentó que no se cumplían los requisitos de procedencia de la medida cautelar, específicamente la apariencia de buen derecho y el riesgo de perjuicio irreparable. Se destacó que la disminución de cobertura y potencia de transmisión de la emisora no justificaba la medida cautelar solicitada.

La Sala ha sostenido que la medida cautelar de suspensión de efectos, constituye una excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, mediante la cual se procura evitar lesiones irreparables o de difícil reparación al ejecutarse la decisión administrativa que eventualmente resultare anulada, lo cual atentaría a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso. Por tanto, dicha medida preventiva procede sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que resulte presumible que la pretensión procesal principal resultará favorable, o lo que es lo mismo, la presunción grave de violación o amenaza de violación del derecho que se reclama (fumus boni iuris) y, adicionalmente, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para evitar que el fallo quede ilusorio, es decir, el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora).

En virtud de lo anteriormente expuesto, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos de la decisión administrativa contenida en la Resolución N° 024 del 26 de febrero de 2010, dictada por el ciudadano Diosdado Cabello Rondón, en su condición de Ministro del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda solicitada por el abogado Gilberto Reyes Kinzler, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil RADIO VICTORIA, C.A.