Sentencia N° 17 Político-Administrativa TSJ 2001: María de Jesús Pérez de Martínez vs Gobernación DEL Estado Nueva Esparta

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia declinada por el Juzgado Superior en un caso de incumplimiento de contrato de arrendamiento. Se determinó que el contrato en cuestión era administrativo, dado que una de las partes era un ente público y tenía por objeto el arrendamiento de un hotel, lo que implicaba una finalidad de utilidad pública. La Sala, al examinar el expediente, constató que no hubo actividad procesal durante más de un año, lo que llevó a declarar la perención de la instancia.

El artículo 42 numeral 14 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece lo siguiente: 'Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República: (...) 14º Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales ea parte la república, los estados o las municipalidades'. Ahora bien, se observa que el artículo transcrito consagra la competencia de esta Sala para conocer de cualquier acción que se interponga, referente a los contratos administrativos en los cuales los entes políticos territoriales mencionados en la norma sean parte, para lo cual resulta indispensable, determinar la naturaleza del contrato que dio origen a la presente demanda y en tal sentido se observa: Ha sido establecido en múltiples oportunidades por esta Sala y por la doctrina patria, las características esenciales de los contratos administrativos, a saber: 1.- Que por lo menos una de las partes sea un ente público; 2.- Que el contrato tenga una finalidad de utilidad pública o la prestación de un servicio público; y 3.- Como consecuencia de lo anterior, debe entenderse la presencia de ciertas prerrogativas de la Administración en dichos contratos consideradas como exorbitantes, aún cuando no se encuentren expresamente plasmadas tales características en el texto de los mismos. En el presente caso, el contrato que dio origen a la demanda, efectivamente cumple las características arriba señaladas, toda vez que, una de las partes es un ente Público, como lo es el Estado Nueva Esparta, por intermedio de su Gobernación y el contrato tenía por objeto el arrendamiento del 'Hotel Isla de Coche', lo cual tiene una evidente finalidad de utilidad pública; como lo es el desarrollo del turismo en el citado Estado, motivo por el cual considera esta Sala que, efectivamente, resulta aplicable al caso de autos, la norma atributiva de competencia contenida en el numeral 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la cual otorga competencia a esta Sala para conocer de las acciones de cualquier naturaleza que se interpongan, con ocasión de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez, o resolución, de los contratos administrativos celebrados por la República, los Estados o los Municipios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: I.- ACEPTA la competencia que le fuera declinada por el Juzgado Superior de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Nueva Esparta, para conocer de la demanda intentada. II.- DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN y, en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa. Publíquese, regístrese y comuníquese. Archívese el expediente.