Sentencia N° 1693 Político-Administrativa TSJ 2000: Isabel María Mejías Morales vs Consejo de la Judicatura

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara improcedente la acción de amparo constitucional interpuesta por Isabel María Mejías Morales contra el acto administrativo del Consejo de la Judicatura que la destituyó de su cargo de Juez. La Sala argumenta que no se evidencian violaciones a los derechos a la defensa, al debido proceso, ni al derecho al trabajo, ya que la accionante fue debidamente notificada y tuvo la oportunidad de ejercer su defensa durante el procedimiento disciplinario. Además, se concluye que la sanción de destitución se fundamenta en irregularidades comprobadas en su actuación como Juez.

En virtud del citado acto administrativo, acude la recurrente a esta instancia jurisdiccional a solicitar la protección cautelar que ofrece el amparo constitucional, para lo cual fundamenta su solicitud, entre otros, en la violación de su derecho a la defensa y el debido proceso. Así, al invocar el derecho a la defensa debe precisarse el sentido y alcance de este último, a los efectos de determinar si los argumentos sustentados, llevan consigo una verdadera violación a este derecho constitucional. En tal sentido, entendido el derecho a la defensa en sus distintas manifestaciones, entre las cuales destaca el derecho a ser oído, puesto que no podría hablarse de defensa alguna, si el administrado no cuenta con esta posibilidad; el derecho a ser notificado de la decisión administrativa a los efectos de que le sea posible al particular, presentar los alegatos que en su defensa pueda aportar al procedimiento, más aún si se trata de un procedimiento que ha sido iniciado de oficio; el derecho a tener acceso al expediente, justamente con el propósito de examinar en cualquier estado del procedimiento, las actas que lo componen, de tal manera que con ello pueda el particular obtener un real seguimiento de lo que acontece en su expediente administrativo; el derecho que tiene el administrado de presentar pruebas que permitan desvirtuar los alegatos ofrecidos en su contra por la Administración y finalmente, con una gran connotación, el derecho que tiene toda persona a ser informado de los recursos y medios de defensa, a objeto de ejercer esta última frente a los actos dictados por la Administración. En este orden de ideas y expuestas algunas de las manifestaciones que conforman el llamado derecho a la defensa, observa esta Sala que en el presente caso la violación del derecho constitucional a la defensa, no encuentra consistencia alguna, pues de la revisión del expediente administrativo se aprecia no sólo que la accionante fue notificada de la apertura del procedimiento disciplinario en su contra, sino que además en el oficio mediante el cual se anexa copia certificada de la decisión del órgano administrativo, se le informa a la afectada acerca de la posibilidad de ejercer los recursos contencioso-administrativos pertinentes ante la Sala Político-Administrativa, así como el tiempo destinado a los efectos de la interposición.

Por lo expuesto, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA IMPROCEDENTE la acción de amparo constitucional ejercida conjuntamente con recurso contencioso-administrativo de anulación, interpuesta por la ciudadana ISABEL MARÍA MEJÍAS MORALES, contra el acto administrativo de fecha 22 de abril de 1999, emanado del CONSEJO DE LA JUDICATURA, mediante el cual se le destituyó del cargo de Juez Titular del Distrito Cedeño de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar y de cualquier otro que ostente en el Poder Judicial. En consecuencia, se ordena la remisión de este expediente, contentivo también del recurso de nulidad, al Juzgado de Sustanciación, a fin de que se pronuncie acerca de los requisitos de admisibilidad de la acción incoada, con excepción de la competencia ya decidida. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.