Sentencia N° 169 Político-Administrativa TSJ 2000: Oficina Sanchez Hurtado S.R.L. vs Antonio Rodriguez DOS Santos

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción solicitada por la sociedad mercantil OFICINA SANCHEZ HURTADO S.R.L. contra ANTONIO RODRIGUEZ DOS SANTOS. Se determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción intentada, confirmando la decisión impugnada del tribunal de origen. Además, se impuso una multa a la parte demandada por interponer una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada.

Para decidir, la Sala observa: En fecha 1 de enero de 2000 entró en vigencia la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios (G.O. Nº. 36.845 de fecha 7 de diciembre de 1999), la cual además de unificar toda la especial legislación inquilinaria mediante un único cuerpo normativo regulatorio, estatuye un régimen que ostensiblemente limita los supuestos por los cuales, en puridad de criterio, puede sostenerse con fundados motivos, regulación de la jurisdicción con ocasión a controversias que versen en materia inquilinaria. En efecto, de conformidad con las disposiciones contenidas en su texto, la competencia atribuida a la Dirección de Inquilinato del Ministerio de Infraestructura y a las Direcciones de Inquilinato de las Alcaldías del interior de la República, deviene en limitada y circunscrita a: 1) la fijación de los cánones máximos a cobrar para aquellos inmuebles sujetos a regulación de alquileres; 2) a la revisión de los montos productos de los actos regulatorios previos y, 3) a la imposición de sanciones administrativas por infracciones a las normas de orden público que dicha Ley estatuye. De suerte tal que, en criterio de esta Sala, todas aquellas solicitudes de regulación de la jurisdicción que sean interpuestas por motivos distintos a los recién expuestos, deben considerarse como producto de una inadecuada táctica dilatoria que, manifiestamente contraria los principios establecidos en los artículos 26 y 257 de la Carta Magna que inspiran al procedimiento judicial, como es el de la celeridad procesal y los deberes de lealtad y probidad; situación ésta no sólo aplicable para las causas iniciadas bajo la vigencia de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, sino también, para aquellas solicitudes que aún cuando interpuestas bajo el imperium de la legislación derogada, igualmente devenían en manifiestamente infundadas visto el criterio pacífico y reiterado de esta Sala aplicado en el pasado para casos similares en los términos antes expuestos.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la acción intentada por la sociedad mercantil OFICINA SANCHEZ HURTADO S.R.L contra el ciudadano ANTONIO RODRÍGUEZ DOS SANTOS. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a-quo en fecha 10 de Agosto de 1998. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLÍVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que el presente caso existen fundados indicios de que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en el los artículo 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética de los Abogados Lucio Atilio García y Loida García Iturbe, Inpreabogado Nros. 5. 563 y 22.588 respectivamente, debiendo informar a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.