Sentencia N° 1681 Político-Administrativa TSJ 2000: Raffaele D’orazio P. vs Pepeganga, C.A. — Jurisdicción en cumplimiento de…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción en un caso de cumplimiento de contrato de arrendamiento. La demandante, Roxana Iciarte Aponte, actuando en nombre de RAFFAELE D’ORAZIO P., interpuso una demanda contra PEPEGANGA, C.A., la cual fue objeto de una cuestión previa de falta de jurisdicción por parte de la demandada. El tribunal de primera instancia declaró que no tenía jurisdicción para conocer del caso, lo que motivó la apelación ante la Sala.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 2º de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de cumplimiento de un contrato de arrendamiento, por el supuesto vencimiento del término del mismo, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el artículo antes mencionado, en el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por el ciudadano RAFFAELE D’ORAZIO P. contra la sociedad mercantil “PEPEGANGA, C.A.”. Queda así revocada la decisión emitida por el a quo en fecha 26 de febrero de 1999. A tenor de lo previsto en el artículo 76 eiusdem, se impone multa a la sociedad mercantil “PEPEGANGA, C.A.”., parte promovente de la regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo), comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al alegar la falta de jurisdicción como cuestión previa, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Carabobo, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado FLERIDA DÍAZ, inscrita el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 27.854, debiendo informar a esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia.