Sentencia N° 1680 Político-Administrativa TSJ 2000: Maria Aurora Mujica vs Dido Weimar Pedrosa Machado — Regulación de…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción solicitada por María Aurora Mujica contra Dido Weimar Pedrosa Machado, en el contexto de un juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento y daños. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción intentada, confirmando la decisión del juzgado a quo que había declarado sin lugar la cuestión previa de falta de jurisdicción alegada por el demandado. Se impuso una multa a la parte demandada por haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, y se ordenó remitir copia del fallo al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal para evaluar la conducta del abogado del demandado. La Sala fundamentó su decisión en la normativa aplicable y en la jurisprudencia establecida sobre la materia inquilinaria. Finalmente, se ordenó la publicación, registro y comunicación de la sentencia, así como la remisión del expediente al tribunal de origen para el cumplimiento de lo ordenado.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 2º de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de cumplimiento de un contrato de arrendamiento, por el supuesto incumplimiento en la entrega del inmueble arrendado, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el artículo antes mencionado, en el artículo 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por MARIA AURORA MUJICA contra DIDO WEIMAR PEDROSA MACHADO. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 12 de abril de 1.999. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado Lucio Muñoz Mantilla, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 12.654, debiendo informar a esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.