Sentencia N° 1661 Político-Administrativa TSJ 2000: MANUEL BAUTISTA PEINADO y LUISA MARGARITA… vs Administracion y Fomento…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de una demanda por daños y perjuicios presentada contra la empresa CADAFE. Se determinó que la Sala era competente, dado que la empresa es del Estado y la cuantía de la demanda excede el mínimo establecido por la ley. La decisión del juzgado de primera instancia que había declinado la competencia fue aceptada, y se ordenó anular las actuaciones previas, reponiendo la causa al estado de admisión de la demanda.

El ordinal 15º del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece: “Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República: ...omissis... 15º: “Conocer de las acciones que se propongan contra la República o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad.” De la norma transcrita, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, se desprende que para que esta Sala Político Administrativa pueda conocer de las acciones que se interpongan contra alguna empresa del Estado, es necesario que se den los supuestos siguientes: 1.- Que en dicha empresa el Estado venezolano sea propietaria de la totalidad de las acciones; 2.- Que la cuantía exceda de cinco millones de bolívares; y 3.- Que su conocimiento no esté atribuido a ninguna otra autoridad. Ahora bien, en el caso de autos se observa que: La parte demandada, es la COMPAÑÍA ANÓNIMA ADMINISTRACION Y FOMENTO ELECTRICO (CADAFE), la cual, según se constata de su Documento Constitutivo, inscrito en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, en fecha 27 de octubre de 1958, anotado bajo el Nº20, Tomo 33-A, es una empresa del Estado venezolano; Los daños y perjuicios demandados se estimaron en la cantidad de CIENTO VEINTE MILLONES DE BOLÍVARES (Bs.120.000.000,00), por lo que evidentemente excede del mínimo exigido; y c) La competencia no ha sido atribuida a ninguna otra autoridad. Por lo tanto, visto que el asunto bajo análisis reúne los extremos de los supuestos previstos en el numeral 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia SE DECLARA COMPETENTE para conocer del presente caso.

Con fundamento en las precedentes consideraciones, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: PRIMERO: ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en virtud de la decisión de fecha 4 de octubre de 1999. SEGUNDO: ANULA todas las actuaciones realizadas y ORDENA reponer la causa al estado de admisión de la demanda. TERCERO: ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que éste se pronuncie acerca de cualquier otro extremo de admisibilidad –salvo la competencia- y si ello resultare procedente, sustancie el juicio con arreglo a los trámites procesales pertinentes, así como también ORDENA remitir con oficio, copia certificada de la presente decisión al Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.