Sentencia N° 1653 Político-Administrativa TSJ 2000: Ismael Segundo Dominguez Grimont vs Camara Municipal DEL Municipio Piar DEL…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la declinatoria de competencia planteada por la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo en relación a un recurso contencioso administrativo interpuesto por Ismael Segundo Domínguez Grimont. La Sala declaró que no acepta la declinatoria y ordena la designación de un juez superior en lo contencioso administrativo del Estado Monagas, así como la remisión del expediente al juzgado correspondiente para su conocimiento y decisión. La decisión se fundamenta en la competencia del Tribunal Supremo de Justicia para dirimir controversias administrativas entre entes públicos, y se establece que la situación planteada no constituye un conflicto de autoridad, ya que se trata de un acto administrativo de efectos particulares emanado de una autoridad municipal. La Sala resalta la importancia de garantizar la normalidad institucional y la continuidad de las funciones del alcalde en el ejercicio de su cargo. Finalmente, se ordena a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial que provea la designación del juez superior en un plazo de diez días hábiles, asegurando así el inicio de las actividades en el tribunal correspondiente.

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer las competencias de este Tribunal Supremo de Justicia, en el artículo 266, numeral 4, consagró lo siguiente: “4.- Dirimir las controversias administrativas que se susciten entre la República, algún Estado, Municipio u otro ente público, cuando la otra parte sea alguna de esas mismas entidades, a menos que se trate de controversias entre Municipios de un mismo Estado, caso en el cual la ley podrá atribuir su conocimiento a otro tribunal.” En este mismo sentido, el artículo 166 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal establece que: “En caso de surgir una situación que amenace la normalidad institucional de un Municipio o Distrito, puede las autoridades municipales o el Gobernador del Estado, ocurrir a la Corte Suprema de Justicia en Sala Político-Administrativa, para solicitarle que conozca y decida la cuestión planteada....” Asimismo, el numeral 22 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, dispone que esta Sala Político Administrativa, es competente para conocer de las controversias que surjan entre autoridades políticas o administrativas de una misma o diferentes jurisdicciones, en tanto y en cuanto las mismas se susciten con motivo de sus funciones y la Ley no atribuya su competencia a otra autoridad. De las normas anteriormente transcritas, así como de la reiterada jurisprudencia de esta Sala, se evidencia que las controversias o conflictos entre autoridades se produce cuando se cuestione la legitimidad de una autoridad por otra, es decir, dos autoridades de la República, de los Estados o de los Municipios, que se atribuyan una misma función o competencia, teniendo sólo uno de ellos dicha competencia o facultad atribuida por la ley y cuando esa situación amenace la normalidad institucional de un Municipio o Distrito.

PRIMERO: NO ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA que le hiciera la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en decisión de fecha 28 de marzo del año 2000. SEGUNDO: ORDENA a la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial que provea la designación del Juez Superior en lo Contencioso Administrativo del Estado Monagas. En consecuencia, se establece un lapso de diez (10) días hábiles para que, dentro de él, la Comisión vele porque se inicien las actividades en ese Tribunal. TERCERO: ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior en lo Contencioso Administrativo del Estado Monagas, a fin de que conozca, sustancie y decida el recurso interpuesto en autos. Publíquese, regístrese, comuníquese. Cúmplase lo ordenado.