Sentencia N° 1645 Político-Administrativa TSJ 2000: Colegio de Nutricionistas y Dietistas de… vs Presidente de la República

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre la solicitud de suspensión de efectos del Decreto Nº 28, dictado por el Presidente de la República. Las abogadas del Colegio de Nutricionistas y Dietistas de Venezuela argumentaron que el decreto lesiona los intereses de sus representados. Sin embargo, la Sala consideró que no se presentaron pruebas suficientes que demuestren un daño irreparable o de difícil reparación, lo que llevó a desestimar la solicitud de suspensión.

Es criterio reiterado de este Alto Tribunal, que la suspensión de efectos de los actos administrativos a que se refiere el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, constituye una medida preventiva establecida por nuestro ordenamiento jurídico, mediante la cual, haciendo excepción al principio de ejecutoriedad del acto administrativo, consecuencia de la presunción de legalidad, se procura evitar lesiones irreparables o de díficil reparación al ejecutarse una eventual decisión anulatoria del auto, porque ello podría constituir un atentado a la garantía del derecho fundamental de acceso a la justicia y al debido proceso. En este sentido, debe el Juez velar porque su decisión se fundamente no sólo en un simple alegato de perjuicio, sino en la argumentación y acreditación de hechos concretos de los cuales nazca la convicción de un posible perjuicio real y procesal para el recurrente. Así, la norma prevista en el artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia dispone: “A instancia de parte, la Corte podrá suspender los efectos de un acto administrativo de efectos particulares, cuya nulidad haya sido solicitada, cuando así lo permita la Ley o la suspensión sea indispensable para evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación por la definitiva, teniendo en cuenta las circunstancias del caso. Al tomar su decisión la Corte podrá exigir que el solicitante preste caución suficiente para garantizar las resultas del juicio. La falta de impulso procesal adecuado, por el solicitante de la suspensión, podrá dar lugar a la revocatoria de ésta, por contrario imperio.” Por tanto, la medida preventiva de suspensión procede sólo cuando se verifiquen concurrentemente los supuestos que la justifican, esto es, que la medida sea necesaria a los fines de evitar perjuicios irreparables o de difícil reparación, o bien para evitar que el fallo quede ilusorio, y que adicionalmente resulte presumible que la pretensión procesal principal resultará favorable; significa entonces que deben comprobarse los requisitos de procedencia de toda medida cautelar: el riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y la presunción grave del derecho que se reclama.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la suspensión de efectos solicitada por las apoderadas judiciales de los agremiados del COLEGIO DE NUTRICIONISTAS Y DIETISTAS DE VENEZUELA, contra el Decreto Nº 28 de fecha 25 de febrero de 1999, dictado por el Presidente de la República y publicado en la Gaceta Oficial de la República de Venezuela Nº 36.650 en fecha 26 de febrero de 1999. Expídase copia certificada de la presente decisión y agréguese al cuaderno principal. Archívese el cuaderno separado. Publíquese y regístrese. Cúmplase lo ordenado.