Sentencia N° 1644 Político-Administrativa TSJ 2000: LA REPUBLICA y el BANCO MARACAIBO, C.A. vs FINANCIERA EL MIRADOR, C.A. y…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de competencia en un juicio por cobro de bolívares. Se determinó que la confusión entre jurisdicción y competencia planteada por la defensora ad litem no era válida, ya que se trataba de alegatos de incompetencia. La Sala aclaró que la competencia es una parte de la jurisdicción y que el Juzgado Superior en lo Civil y Mercantil Bancario es el competente para conocer de la regulación de competencia planteada.

En primer terminó, del argumento esgrimido, se evidencia el error en que incurre la abogada Clara Durán, al confundir los conceptos de jurisdicción y competencia, ya que al alegar la falta de jurisdicción y la incompetencia, en realidad formula únicamente alegatos de incompetencia, por lo tanto, es oportuno aclarar los conceptos jurídicos en referencia, que hasta el siglo XIX, aparecían como sinónimos. Indistintamente se aludía a la falta de jurisdicción como falta de competencia en sentido material, o en sentido territorial, o aún para referirse a la función. Pleonásticamente se llegó a hablar de incompetencia de jurisdicción. En el siglo XX, se ha superado este equívoco y la competencia fue considerada como medida de jurisdicción, es decir, la fracción de la jurisdicción atribuida a un juez. En efecto, la jurisdicción es la función pública, realizada por los órganos competentes del Estado con las formas requeridas por la ley, en virtud de la cual, por acto de juicio, se determina el derecho de las partes, con el objeto de dirimir sus conflictos y controversias de relevancia jurídica, mediante decisiones con autoridad de cosa juzgada. La jurisdicción es el todo; la competencia es la parte: un fragmento de la jurisdicción. La competencia es la potestad de jurisdicción para una parte del sector jurídico: aquel específicamente asignado al conocimiento de determinado órgano jurisdiccional. Se trata en definitiva de dos figuras procesales distintas. Así, visto que el fundamento fáctico alegado en la falta de jurisdicción no es otro que, un alegato de incompetencia, derivado de la confusión de los conceptos explicados, esta Sala considera, que los supuestos de hecho específicos del artículo 59 del Código de Procedimiento Civil, norma adjetiva que regula la materia, resultan inaplicables, por lo cual, se entiende que en ningún momento se ha discutido la jurisdicción de los Tribunales de la República para conocer del asunto planteado y así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que corresponde al Juzgado Superior en lo Civil y Mercantil Bancario con competencia Nacional, conocer de la regulación de competencia planteada. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al indicado Juzgado Superior. Cúmplase lo ordenado.