Sentencia N° 1642 Político-Administrativa TSJ 2000: Juan de Jesús Durán Montilla vs Ministerio de Justicia

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió sobre un recurso contencioso administrativo interpuesto por Juan de Jesús Durán Montilla, quien impugnó la Resolución N° 071 del Ministerio de Justicia que lo destituyó. El recurrente alegó vicios de nulidad en el acto administrativo, argumentando incompetencia del funcionario que dictó la resolución y falta de motivación en la misma. La Sala, tras analizar los argumentos y el expediente, concluyó que el recurso fue interpuesto dentro del plazo y que el acto administrativo estaba debidamente motivado.

Con relación a la presunta incompetencia del funcionario que declaró sin lugar el recurso jerárquico, por haberlo decidido mediando delegación de firma y no de atribuciones, resulta indispensable examinar el tipo de delegación efectuada por el Ministro de Justicia en el Director General de dicho Ministerio. Al respecto se destaca lo siguiente. Consta en Gaceta Oficial de la República de Venezuela N° 36.042, de fecha 12 de septiembre de 1996, que el entonces Ministro de Justicia, Henrique Meier Echeverría, delegó en el ciudadano Honorio Enrique Aranguren, Director General del Ministerio, “la competencia, atribuciones y firma de los actos administrativos y documentos que se señalan a continuación: Omissis... Artículo 08: La atribución conferida en el artículo 42 del Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial referente a las revocatorias o confirmatorias de las destituciones impuestas por el Director de ese Cuerpo, a los funcionarios sometidos a la aplicación del citado reglamento”. En atención a lo antes transcrito, resulta evidente que quien firmó el acto tenía expresamente delegada también la atribución para decidirlo, careciendo, en consecuencia, de fundamento la denuncia de incompetencia alegada por el demandante. Así se declara. Con relación a la denuncia de inmotivación y presunta violación del derecho a la defensa del accionante, se observa lo siguiente. El acto impugnado confirmó la sanción de destitución adoptada por la División General de Personal del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, según Memorándum N° 9700-104.RC 1317 de fecha 16 de agosto de 1995, dictado en cumplimiento de instrucciones emanadas del Director General de ese organismo, Comisario General Neptalí Medina, una vez analizado y valorado el expediente disciplinario del recurrente. En el referido expediente disciplinario, abierto con ocasión de la denuncia formulada ante la División de Disciplina del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, por un ciudadano que estuvo detenido en la Comisaría de Caricuao, aparecen reflejadas las faltas que se imputan al actor y que originaron la sanción de destitución, las cuales se sintetizan así: Haber solicitado dinero al denunciante, quien se encontraba detenido por una averiguación por riña, para dejarlo en libertad. Haber reiterado el requerimiento de dinero al mismo ciudadano, una vez que éste recobró su libertad, para eliminarlo de la planilla PD-1, que es el documento donde aparecen reflejados los antecedentes policiales. Haber incumplido su deber funcionarial de completar las planillas PD-1, R-18, R-7 y R-8, las cuales estaban en su poder con las huellas digitales del detenido, pero sin ningún otro dato de identificación, siendo que dicho ciudadano permaneció bajo arresto durante ocho (08) días en la Comisaría. Tales hechos configurarían las faltas contempladas en los artículo 11, literal b); 12, literal a); 14, literal d); 16, literal c); y 23, literal g) del Reglamento del Régimen Disciplinario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, textos citados en la Resolución, los cuales establecen: “Artículo 11.- Son faltas contra la diligencia obligatoria: literal b) Ser negligente en el cumplimiento de órdenes relativas al servicio. Artículo 12.- Son faltas contra la obediencia debida: literal a) Incumplir las órdenes relativas al servicio. Artículo 14.- Son faltas de extralimitación de funciones: literal d) Aprovecharse del cargo para obtener ventajas y beneficios. Artículo 16.- Son faltas contra la moralidad o el decoro social. literal c) Solicitar o aceptar de personas o entidades obsequios, dádivas o promesas en asuntos relacionados con el servicio. Artículo 23.- Son circunstancias agravantes: literal g) Cometer varias faltas a la vez. Como resulta evidente, la Administración expresó de manera extensa, que no solamente sucinta, tanto los hechos como los fundamentos legales del acto; y con relación a los alegatos del actor, se verifica del expediente administrativo que tanto en la oportunidad de ejercer el recurso jerárquico como en el de reconsideración, éste pudo alegar lo que estimó conducente a su situación, sin poder desvirtuar nada de lo que resulta palmario a la luz del expediente disciplinario, como es la comisión de las faltas imputadas; las cuales se ven corroboradas por las declaraciones del denunciante, del hermano de éste, de los funcionarios de la División de Disciplina y de las planillas sin llenar que reposan en dicho expediente. En tal virtud, el acto resulta suficientemente motivado y por tanto debe desestimarse en su totalidad la demanda instaurada. Así se decide.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de anulación intentado por el ciudadano JUAN DE JESÚS DURÁN MONTILLA, identificado en autos, contra la Resolución N° 071 de fecha 20 de diciembre de 1996 dictada por el Director General del Ministerio de Justicia, por delegación de firma y atribuciones del MINISTRO DE JUSTICIA, ahora Ministro del Interior y Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente administrativo y archívese el judicial. Cúmplase lo ordenado.