Sentencia N° 1640 Político-Administrativa TSJ 2000: Inversiones Comuneras y Exclusivas Compañia… vs Energia Electrica de Venezuela…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la declinatoria de competencia planteada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil del Estado Zulia, aceptando la competencia del Tribunal. Asimismo, se declaró consumada la perención de la instancia debido a la paralización del proceso desde 1988 hasta 1993, sin que se hubieran realizado actos de procedimiento en ese lapso. La decisión se fundamenta en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia.

Para decidir, esta Sala observa: El artículo 42, numeral 15 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, textualmente establece que es competencia de esta Sala Político-Administrativa: “Conocer de las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a otra autoridad”. Como puede observarse, la norma arriba transcrita establece un régimen especial de competencia a favor del Tribunal Supremo de Justicia, en todas aquellas acciones intentadas, que cumplan con las tres condiciones contempladas en la misma, a saber: 1) Que se demande a la República, a algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva; 2) Que la acción incoada tenga una cuantía superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo); y 3) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad, entendiendo con ello, que la norma bajo análisis constituye una derogatoria de la jurisdicción civil y mercantil, que es la jurisdicción ordinaria, pero no de las otras jurisdicciones especiales, tales como la Laboral, del Tránsito o Agraria. Debe la Sala entonces, a los fines de establecer la competencia, analizar si la acción incoada cumple o no con las condiciones antes descritas, y en tal sentido observa: En primer término, la demanda ha sido intentada contra la ENERGIA ELECTRICA DE VENEZUELA COMPAÑIA ANONIMA (ENELVEN), empresa ésta cuyo capital accionario pertenece - tal como se evidencia en autos - en un noventa y nueve coma ochenta porciento al Estado Venezolano, a través del Fondo de Inversiones de Venezuela, siendo evidente la injerencia de éste en la toma de decisiones y funcionamiento de la empresa, con lo cual se considera satisfecho el primer requisito, y así se declara. En segundo término, se observa que la demanda ha sido estimada por el actor en doscientos millones de bolívares (Bs. 200.000.000,oo), cantidad que supera el límite mínimo de cinco millones (5.000.000,oo) establecido por la norma. Así se declara. Por último, con respecto al tercer requisito, se observa que la acción incoada es una demanda por daños y perjuicios contractuales, la cual se tramita por el procedimiento ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil, con lo cual se considera satisfecha la tercera circunstancia de que la acción no esté atribuida a ninguna otra autoridad. Así se declara.

1.- ACEPTA la competencia que le fuera declinada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia. 2.- DECLARA CONSUMADA LA PERENCIÓN, y en consecuencia, EXTINGUIDA LA INSTANCIA en la presente causa. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase copia de la presente decisión al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil del Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, en el cual cursa la apelación de la decisión de fecha 15 de marzo de 1.988, que declaró inadmisible el amparo incoado. Archívese el expediente. Cúmplase lo ordenado.