Sentencia N° 1639 Político-Administrativa TSJ 2001: Edgar José Padilla González vs República de Venezuela

La Sala Político-Administrativa del TSJ confirma la decisión del Juzgado de Sustanciación que declaró inadmisible la demanda de cobro presentada por Edgar José Padilla González. Se analiza la solicitud de aclaratoria y se determina que no se cumplieron las formalidades requeridas, por lo que se decide no tramitarla. Además, se establece que la solicitud de ampliación presentada por el demandante es improcedente, ya que no se evidenció el cumplimiento del procedimiento administrativo previo.

Las figuras de la aclaratoria, la salvatura, la rectificación y la ampliación de las sentencias se encuentran contempladas en el artículo 252 del Código de Procedimiento Civil, el cual establece: Después de pronunciada la sentencia definitiva o la interlocutoria sujeta a apelación, no podrá revocarla ni reformarla el Tribunal que la haya pronunciado. Sin embargo, el Tribunal podrá, a solicitud de parte, aclarar los puntos dudosos, salvar las omisiones y rectificar los errores de copia, de referencias o de cálculos numéricos, que aparecieren de manifiesto en la misma sentencia, o dictar ampliaciones, dentro de tres días, después de dictada la sentencia, con tal de que dichas aclaraciones y ampliaciones las solicite alguna de las partes el día de la publicación o en el siguiente. (negrillas de la Sala). Respecto del alcance de dicho dispositivo, se ha establecido que alude a la posibilidad jurídica de hacer correcciones a las sentencias, por medios específicos, siendo tales medios de corrección: las aclaratorias, las salvaturas, las rectificaciones y las ampliaciones; teniendo cada uno de ellos finalidades distintas conforme a las deficiencias que presenten las sentencias (ver sentencia N° 186, de esta Sala Político-Administrativa de fecha 17 de febrero de 2000). Así, cada uno de los medios de corrección de la sentencia, presenta su propia especificidad procesal, a pesar de que con frecuencia se les trate uniformemente, creándose así confusiones que pueden impedir el cabal conocimiento y decisión de la solicitud.

1.- INAPLICABLE, por inconstitucional, en el presente caso, la parte in fine del artículo 252 del Código de Procedimiento Civil. 2.- IMPROCEDENTE la solicitud formulada por el abogado EDGAR JOSÉ PADILLA GONZÁLEZ el 21 de noviembre de 2000. Publíquese, regístrese y comuníquese. Téngase el presente fallo como parte integrante de la decisión del 14 de noviembre de 2000. Cúmplase lo ordenado.