Sentencia N° 1628 Político-Administrativa TSJ 2000: Inversiones Luixu 2051, C.A. vs Ministerio de Desarrollo Urbano (Mindur)

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia en un juicio por cobro de Bolívares interpuesto por la sociedad mercantil INVERSIONES LUIXU 2051, C.A. contra el MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO. Se determinó que el contrato en cuestión cumplía con las características de un contrato administrativo, lo que otorgaba competencia a la Sala para conocer del caso. Finalmente, se aceptó la competencia declinada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia.

El artículo 42 numeral 14 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece lo siguiente: “Es de la competencia de la Corte como más alto Tribunal de la República: (...) 14º Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales ea parte la república, los estados o las municipalidades”. Ahora bien, se observa que el artículo transcrito consagra la competencia de esta Sala para conocer de cualquier acción que se interponga, referente a los contratos administrativos en los cuales los entes políticos territoriales mencionados en la norma sean parte, para lo cual resulta indispensable, determinar la naturaleza del contrato que dio origen a la presente demanda y en tal sentido se observa: Ha sido establecido en múltiples oportunidades por esta Sala y por la doctrina patria, las características esenciales de los contratos administrativos, a saber: 1.- Que por lo menos una de las partes sea un ente público; 2.- Que el contrato tenga una finalidad de utilidad pública o la prestación de un servicio público y; 3.- Como consecuencia de lo anterior, debe entenderse la presencia de ciertas prerrogativas de la Administración en dichos contratos consideradas como exorbitantes, aún cuando no se encuentren expresamente plasmadas tales características en el texto de los mismos. En el presente caso, el contrato que dio origen a la demanda, efectivamente cumple las características arriba señaladas, toda vez que, una de las partes es un ente Público, como lo es la República, por intermedio del entonces Ministerio de Desarrollo Urbano, hoy Ministerio de Infraestructura y el contrato tenía por objeto la realización de trabajos de alumbrados del Estadium “San Rafael” de la ciudad de Tucupita, Estado Delta Amacuro, lo cual tiene una evidente finalidad de utilidad pública; motivo por el cual considera esta Sala, que efectivamente resulta aplicable al caso de autos, la norma atributiva de competencia contenida en el numeral 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la cual otorga competencia a esta Sala para conocer de las acciones de cualquier naturaleza que se interpongan, con ocasión de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez, o resolución, de los contratos administrativos celebrados por la República, los Estados o los Municipios. Así se declara.

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Undécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas, en el juicio incoado por la sociedad mercantil INVERSIONES LUIXU 2051, C.A. contra el MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO (MINDUR) ahora Ministerio de Infraestructura. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación, a fin de que se pronuncie sobre la admisión de la presente demanda, previo el examen de todos los requisitos de Ley, con excepción de la competencia, ya revisada en el presente fallo. Cúmplase lo ordenado.