Sentencia N° 1626 Político-Administrativa TSJ 2000: Construcciones Civiles y Agropecuarias, C.A.… vs Ejecutivo DEL Estado Barinas

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la declinatoria de competencia planteada en un juicio por cumplimiento de contrato entre la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES CIVILES Y AGROPECUARIAS, C.A. y el Ejecutivo del Estado Barinas. La Sala aceptó su competencia, argumentando que el contrato en cuestión tenía características de un contrato administrativo, dado que una de las partes era un ente público y el objeto del contrato era la realización de obras de utilidad pública.

La referida norma, en concordancia con el artículo 43 eiusdem, determinan la competencia de esta Sala para conocer del presente asunto. Ahora bien, se observa que el artículo transcrito consagra la competencia de esta Sala para conocer de cualquier acción que se interponga, referente a los contratos administrativos en los cuales los entes políticos territoriales mencionados en la norma sean parte, para lo cual resulta indispensable, determinar la naturaleza del contrato que dio origen a la presente demanda y en tal sentido se observa: Ha sido establecido en múltiples oportunidades por esta Sala y por la doctrina patria, las características esenciales de los contratos administrativos, a saber: 1.- Que por lo menos una de las partes sea un ente público; 2.- Que el contrato tenga una finalidad de utilidad pública o la prestación de un servicio público y; 3.- Como consecuencia de lo anterior, debe entenderse la presencia de ciertas prerrogativas de la Administración en dichos contratos consideradas como exorbitantes, aún cuando no se encuentren expresamente plasmadas tales características en el texto de los mismos. Efectivamente, se evidencia de los autos que el contrato que dio origen a la demanda, cumple con todas la características arribas señaladas, toda vez que, una de las partes es un ente Público, como lo es la Gobernación del Estado Barinas y el contrato tenía por objeto la realización de trabajos de canalización del cauce del Río Santo Domingo, ubicado en el Municipio Autónomo Barinas, de dicho Estado, lo cual tiene una evidente utilidad o finalidad pública; motivo por el cual considera esta Sala, que efectivamente resulta aplicable al caso de autos, la norma atributiva de competencia contenida en el numeral 14 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, la cual otorga competencia a esta Sala para conocer de las acciones de cualquier naturaleza que se interpongan, con ocasión de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos celebrados por la República, los Estados o los Municipios. Así se declara.

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Barinas, en el juicio incoado por la sociedad mercantil CONSTRUCCIONES CIVILES Y AGROPECUARIAS C.A. (CONCIAGRO C.A.) contra la GOBERNACION DEL ESTADO BARINAS, ambas partes antes identificadas. Se anula todo lo actuado y se ordena la reposición de la causa al estado de admisión. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al Juzgado de Sustanciación, a fin de que se pronuncie sobre la admisión de la presente demanda, previo el examen de todos los requisitos de Ley, con excepción de la competencia, ya revisada en el presente fallo. Cúmplase lo ordenado.