Sentencia N° 1618 Político-Administrativa TSJ 2000: Raquel Mercedes Subero Morey de Quiñones vs Consejo de la Judicatura e…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la declinatoria de competencia planteada en un recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por Raquel Mercedes Subero Morey de Quiñones. La Sala aceptó la declinatoria de competencia y declaró inadmisible el recurso, argumentando que el acto administrativo impugnado era de carácter cautelar y no definitivo, lo que impedía su impugnación ante el órgano jurisdiccional. La decisión se fundamenta en la normativa aplicable y en criterios jurisprudenciales previos.

Corresponde a esta Sala pronunciarse acerca de la declinatoria planteada. Al efecto, se observa: Debe la Sala pronunciarse acerca de su competencia para conocer y decidir la presente causa. La Sala observa que el presente recurso se ha interpuesto contra el acto administrativo contenido en la Resolución de fecha 7 de octubre de 1999, dictada por el Consejo de la Judicatura y la Inspectoría General de Tribunales, mediante la cual se acordó la suspensión cautelar del cargo que ejercía la ciudadana RAQUEL MERCEDES SUBERO MOREY DE QUIÑONES como Juez Provisorio de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. Ahora bien, es menester destacar que por disposición del Decreto que dictó la Asamblea Nacional Constituyente en fecha 22 de diciembre de 1999, publicado en Gaceta Oficial Nro. 36.859 de fecha 29-12-99, mediante el cual se estableció el Régimen de Transición del Poder Público; el Consejo de la Judicatura, sus Salas y dependencias administrativas pasaron a conformar la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, adscrita al Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 267 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Igualmente, el citado Decreto dispuso que mientras no se organice la mencionada Dirección, todas las competencias otorgadas por Ley al Consejo de la Judicatura serán ejercidas por la Comisión de Funcionamiento y Reestructuración del Sistema Judicial (artículo 21 eiusdem). En este mismo orden de ideas, debe reiterar la Sala el criterio jurisprudencial según el cual cuando el acto administrativo cuya nulidad se demanda sea de rango sub-legal, esto es, si se trata de actos que no hayan sido dictados en ejecución directa e inmediata del Texto Fundamental y que emanen de autoridades de rango constitucional, el conocimiento de las causas que persigan la anulación de tales actos corresponderá a esta Sala Político-Administrativa; ello en virtud de lo establecido en el ordinal 11 del artículo 42 y en el artículo 43 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, los cuales encuentran hoy su fundamento constitucional en el numeral 5 y en el único aparte del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el artículo 259 eiusdem.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político Administrativa, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: 1.- ACEPTA la declinatoria de competencia para conocer del recurso de nulidad interpuesto por el abogado RAFAEL QUIÑONES URBAÉZ actuando en representación de su asistida RAQUEL MERCEDES SUBERO MOREY DE QUIÑONES, contra la Resolución de fecha 7 de octubre de 1999, dictado por el Consejo de la Judicatura e Inspectoría General de Tribunales, mediante la cual se acordó la suspensión cautelar del cargo que ejercía como Juez Provisorio de Medidas de los Municipios Guaicaipuro y Carrizal de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda. 2.- Declara INADMISIBLE el referido recurso. Publíquese, regístrese y notifíquese.