Sentencia N° 1603 Político-Administrativa TSJ 2000: Simon Flores Bermudez vs Lagoven, S.A. — Aceptación de competencia en juicio…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la competencia para conocer de un juicio interpuesto por SIMON FLORES BERMUDEZ contra LAGOVEN, S.A. por la cantidad de 870.000.000,00 bolívares, relacionado con la participación en beneficios de un invento. La Sala analiza la competencia, estableciendo que la demanda cumple con los requisitos establecidos en la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, dado que la acción supera el monto mínimo y no está atribuida a otra autoridad.

Efectivamente, el artículo 42, numeral 15 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, textualmente establece que es competencia de esta Sala Político - Administrativa: “Conocer de las acciones que se propongan contra la República, o algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva, si su cuantía excede de cinco millones de bolívares, y su conocimiento no está atribuido a ninguna otra autoridad”. Como puede observarse, la norma arriba transcrita establece un régimen especial de competencia a favor del Tribunal Supremo de Justicia, en todas aquellas acciones intentadas, que cumplan con las tres condiciones contempladas en la misma, a saber: 1) Que se demande a la República, a algún Instituto Autónomo o empresa en la cual el Estado tenga participación decisiva; 2) Que la acción incoada tenga una cuantía superior a cinco millones de bolívares (Bs. 5.000.000,oo); y 3) Que el conocimiento de la causa no esté atribuido a ninguna otra autoridad, entendiendo con ello, que la norma bajo análisis constituye una derogatoria de la jurisdicción civil y mercantil, que es la jurisdicción ordinaria, pero no de las otras jurisdicciones especiales, tales como la Laboral, del Tránsito o Agraria. Debe la Sala entonces, a los fines de establecer la competencia, analizar si la acción incoada cumple o no con las condiciones antes descritas, y en tal sentido observa: En primer término, la demanda ha sido intentada contra LAGOVEN, S.A., Filial de PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A., que por fusión de las Filiales Operadoras de Petróleo de Venezuela, S.A., realizada en fecha 30 de diciembre de 1997, ahora se denomina PDVSA PETRÓLEO Y GAS, S.A, empresa que tal como consta en autos se encuentra bajo la evidente injerencia del Estado, situación que influye decisivamente en la toma de decisiones y futuro del capital accionario de la demandada, con lo cual se considera satisfecho el primer requisito, y así se declara. En segundo término, se observa que la demanda ha sido estimada por el actor en Ochocientos Setenta Millones de Bolívares (Bs. 870.000.000,00) cantidad que supera el límite mínimo de cinco millones de Bolívares (Bs. 5.000.000,oo) establecido por la norma. Así se declara. Por último, con respecto al tercer requisito, se observa que la acción incoada es una demanda por daños y perjuicios, la cual se tramita por el procedimiento ordinario establecido en el Código de Procedimiento Civil, con lo cual se considera satisfecha la tercera circunstancia de que la acción no esté atribuida a ninguna otra autoridad. Así se declara.

En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer de la presente causa, de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, en concordancia con el artículo 43 eiusdem y el artículo 259 de la Constitución, norma rectora de la jurisdicción contencioso administrativa, en consecuencia, ordena remitir los autos al Juzgado de Sustanciación, a fin de que se pronuncie sobre la admisibilidad de la demanda, previo el examen de todos los requisitos de Ley, con excepción del de la competencia ya decidido en este fallo. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.