Sentencia N° 1602 Político-Administrativa TSJ 2000: Constructora Pedeca C.A. vs Gobernador del Estado Anzoátegui

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso contencioso-administrativo de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil Constructora Pedeca C.A. contra un decreto del Gobernador del Estado Anzoátegui. La Sala admitió la acción de amparo y declaró la medida cautelar solicitada, ordenando la notificación al Gobernador para que presentara informes. En la decisión, se destacó la importancia del acceso a la justicia y la tutela judicial efectiva, así como la necesidad de un proceso justo y equitativo.

Admitida tanto la acción principal de nulidad como la accesoria de amparo y verificado el procedimiento de esta ultima de acuerdo a las previsiones de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en conformidad con la decisión emanada de la Sala Constitucional de fecha 20 de enero de 2000, y visto que en el presente caso se discute la presunta violación de derechos y garantías constitucionales, esto es, la presunta violación del derecho a la defensa y debido proceso consagrados en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esta Sala observa: PRIMERO: Constitucionalmente se ha establecido que la justicia es un hecho democrático, social y político, y que el Poder Judicial es un elemento de equilibrio entre los Poderes del estado, y un factor para la convivencia y la construcción de una sociedad justa y amante de la paz (artículos 2 y 3 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). SEGUNDO: Igualmente está reconocido constitucionalmente el derecho de acceso a la justicia y a la tutela judicial efectiva, con base a las reglas de imparcialidad, idoneidad, transparencia, equidad, sin dilaciones indebidas ni formalismos (artículos 26, 27 y 257 de la Constitución de la república Bolivariana de Venezuela). TERCERO: Que la concepción de justicia material significa la búsqueda por parte del Estado, y en especial del Poder Judicial, de reglas de armonía entre los distintos componentes que conforman la sociedad, pudiendo a tal efecto utilizar la conciliación, la mediación y cualquier otro medio de resolución de conflictos, que permita un justo equilibrio entre los intereses que se debaten en un caso, siempre que no afecte el orden público (articulo 258 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). CUARTO: Que siendo el proceso un instrumento fundamental para la realización de la justicia, el Juez propenderá a la simplificación, uniformidad y eficacia de los trámites; y el Juez, como rector del proceso debe ser un facilitador de la justicia como valor y de la resolución de conflictos (artículo 253, 254 y 256 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). QUINTO: Por cuanto el artículo 257 del Código de Procedimiento Civil, aplicable a los procedimientos que lleva este Supremo Tribunal conforme lo prevé el artículo 88 de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal, y de manera especial para el procedimiento de amparo constitucional de acuerdo a lo previsto en el artículo 27 de la Constitución y 48 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, que prevé: “En cualquier estado y grado de la causa, antes de la sentencia, el Juez podrá excitar a las partes a la conciliación, tanto sobre lo principal como sobre alguna incidencia, aunque ésta sea de procedimiento, exponiéndoles las razones de conveniencia.”

SE EXHORTA a la accionante y al accionado para que por sí o por intermedio de sus representantes judiciales, comparezcan ante la Presidencia de esta Sala Político Administrativa, al tercer día de despacho contado a partir de la presente fecha, esto es, el día 13 del presente mes y año, a las once de la mañana ante meridiem (11:00 a.m.), con el objeto de que participen en el ACTO ALTERNATIVO DE RESOLUCION DE CONTROVERSIAS en la presente causa referida al procedimiento de nulidad y amparo seguido ante esta Sala, quedando entendida la necesaria comparecencia de las partes involucradas para que tenga lugar el referido acto.