Sentencia N° 1586 Político-Administrativa TSJ 2000: Sociedad Mercantil INVERSIONES PUNTA DE… vs Isrrael Solorzano

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción en un juicio por resolución de contrato de arrendamiento. Se determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir sobre acciones de resolución de contratos de arrendamiento, independientemente de su naturaleza. La Sala confirmó la decisión del Juzgado Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, que había declarado sin lugar la cuestión previa opuesta por el demandado, ISRRAEL SOLORZANO, quien alegó falta de jurisdicción del tribunal.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de los contratos de arrendamiento, independientemente de su naturaleza y, que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto, la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 2º de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es la resolución de un contrato de arrendamiento, acción ésta de derecho común, prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión, única y exclusivamente, corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el antes mencionado artículo, así como, en el 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa de el Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por la Sociedad Mercantil INVERSIONES PUNTA DE MULATOS, C.A., contra el ciudadano ISRRAEL SOLORZANO. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 30 de mayo de 2000. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa al ciudadano ISRRAEL SOLÓRZANO, por un monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,00), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa.