Sentencia N° 1585 Político-Administrativa TSJ 2000: Eddy Alberto Galban Ortega vs Ministro de Justicia — Nulidad por…

TSJ/SPA, Sent. N° 01585, Exp. 0656, 06/07/2000 · 6 de julio de 2000
Expediente0656
Parte actora / solicitanteEDDY ALBERTO GALBAN ORTEGA
Parte demandada / contraparteMinistro de Justicia
PonenteCARLOS ESCARRA MALAVE
MateriaContencioso-Administrativo
Tipo de recursoNulidad por Inconstitucionalidad
Fecha de la decisión2000-07-06
DecisiónAcepta la competencia

Resumen

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de un recurso de nulidad por inconstitucionalidad interpuesto contra disposiciones del Reglamento de Régimen Disciplinario del Cuerpo Técnico de Policía Judicial. La Sala aceptó la competencia que le fue declinada por la Sala Constitucional, argumentando que le corresponde a esta Sala el conocimiento de acciones de nulidad contra reglamentos y actos administrativos del Ejecutivo Nacional. En consecuencia, se ordenó remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación para que se pronuncie sobre otros extremos de admisibilidad.

Extracto de la motiva

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, al establecer las funciones de este Tribunal Supremo, en su artículo 266, numeral 5, señala: “Artículo 266. Son atribuciones del Tribunal Supremo de Justicia: (omissis) 5º. Declarar la nulidad total o parcial de los reglamentos y demás actos administrativos generales o individuales del Ejecutivo Nacional, cuando sea procedente. (omissis) Las atribuciones señaladas en el numeral 1 serán ejercidas por la Sala Constitucional; las señaladas en los numerales 2 y 3, en Sala Plena; y las contenidas en los numerales 4 y 5, en Sala Político Administrativa. Las demás atribuciones serán ejercidas por las diversas Salas conforme a lo previsto por esta Constitución y la ley. En este mismo sentido, esta Sala Político Administrativa, en decisión de fecha 17 de febrero del año 2000, caso: AEROLINK INTERNACIONAL, S.A., estableció lo siguiente: “En este sentido, la Sala Político Administrativa analiza sus competencias en el texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, concretamente, la establecida en los ordinales 4º y 5º del artículo 266, en concordancia con lo dispuesto en el artículo 259 que consagra expresamente la jurisdicción contencioso-administrativa en los términos siguientes: (omissis) Conforme a las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente, le corresponde a esta Sala Político Administrativa, entre otras, el ejercicio de las siguientes competencias: (omissis) 2. Declarar la nulidad total o parcial, cuando sea procedente de los Reglamentos y demás actos administrativos, por razones de inconstitucionalidad e ilegalidad, conforme el ordinal 5º del artículo 266 de la Constitución y 259 ejusdem.

Dispositiva

PRIMERO: ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia, en decisión de fecha 4 de mayo del año 2000, mediante la cual declaró su incompetencia para conocer del recurso de la acción de nulidad por inconstitucionalidad contra las disposiciones contenidas en los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 del REGLAMENTO DE REGIMEN DISCIPLINARIO DEL CUERPO TECNICO DE POLICIA JUDICIAL, de fecha 17 de junio de 1965, así como el recurso de nulidad por ilegalidad contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 243, dictada por el Ministro de Justicia, en fecha 2 de febrero de 1.999. SEGUNDO: ORDENA remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que éste se pronuncie acerca de cualquier otro extremo de admisibilidad –salvo la competencia- y si ello resultare procedente, sustancie el juicio con arreglo a los trámites procesales pertinentes. TERCERO: REMÍTASE, con oficio, copia certificada de la presente decisión a la Sala Constitucional de este Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.

Palabras clave

nulidadinconstitucionalidadreglamentopolicía judicialcompetenciaactos administrativosjusticiaejecutivo nacional

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