Sentencia N° 1584 Político-Administrativa TSJ 2000: Bruno García Santos Fernando vs Embajada de la República DEL Perú

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara que los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción para conocer y decidir sobre el juicio interpuesto por Bruno García Santos Fernando contra la Embajada de la República del Perú por prestaciones sociales. La decisión se fundamenta en el principio de inmunidad de jurisdicción que protege a los agentes diplomáticos, lo que impide que los tribunales venezolanos conozcan de juicios en los que sean parte ciertos sujetos de Derecho Internacional Público.

La falta de jurisdicción sólo puede ocurrir, o bien cuando el conocimiento del asunto esté atribuido a la Administración Pública, o bien respecto del juez extranjero. El criterio antes expuesto, reviste ahora mayor relevancia a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado, que prevé en su normativa, lo relativo a la falta de jurisdicción del juez en aquellos asuntos que interesan al Derecho Procesal Civil Internacional. El contenido de dicha ley resulta de aplicación inmediata al caso bajo estudio, por preceptuarlo así el artículo 24 de la también novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone: “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán, en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o rea.” Por tanto, en ejercicio del mandato constitucional, ha de aplicarse de forma inmediata la Ley de Derecho Internacional Privado en los casos que, como el presente, le corresponda resolver acerca de la jurisdicción del juez venezolano frente al juez extranjero. Así, los hechos denunciados en el presente caso no se refieren a los supuestos contemplados en el artículo 40 de la Ley de Derecho Internacional Privado, el cual dispone: “Los tribunales venezolanos tendrán jurisdicción para conocer de los juicios originados por el ejercicio de acciones de contenido patrimonial: Cuando se ventilen acciones relativas a la disposición o la tenencia de bienes muebles o inmuebles situados en el territorio de la República; Cuando se ventilen acciones relativas a obligaciones que deban ejecutarse en el territorio de la República o que se deriven de contratos celebrados o de hechos verificados en el mencionado territorio; Cuando el demandado haya sido citado personalmente en el territorio de la República; Cuando las partes se sometan expresa o tácitamente a su jurisdicción.” En efecto, aplicado el artículo descrito al presente juicio, este Máximo Tribunal considera que los hechos denunciados no se refieren, en ningún caso, a los supuestos contemplados en él para que pueda reconocerse la jurisdicción de los tribunales venezolanos, por lo que éstos carecen de jurisdicción para conocer de la presente demanda.

De conformidad con los razonamientos anteriormente señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que LOS TRIBUNALES VENEZOLANOS NO TIENEN JURISDICCIÓN PARA CONOCER Y DECIDIR SOBRE EL PRESENTE JUICIO. En consecuencia, de conformidad con el artículo 57 de la Ley de Derecho Internacional Privado, se ordena devolver el expediente al Tribunal de origen, a los fines de su archivo, quedando extinguida la causa. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.