Sentencia N° 158 Político-Administrativa TSJ 2000: Ramona Pastora Rodríguez de Reyes vs José Javier Mendoza Pernia y José Rafael…

La Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la regulación de jurisdicción en un juicio por cumplimiento de contrato de arrendamiento. La ciudadana Ramona Pastora Rodríguez de Reyes demandó a sus arrendatarios, quienes alegaron falta de jurisdicción. La Sala determinó que el Poder Judicial tiene jurisdicción para conocer y decidir sobre la acción intentada, confirmando la decisión del tribunal de origen que había declarado sin lugar la falta de jurisdicción. Además, se impuso una multa a los demandados por la regulación de jurisdicción infundada y se ordenó remitir el caso al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Lara por faltas procesales del abogado de la parte demandada.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 20 de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida es de cumplimiento de un contrato de arrendamiento sobre un local comercial, acción ésta de derecho común, prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el antes mencionado artículo, en el 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder Judicial SI TIENE JURISDICCION para conocer y decidir la acción intentada por la ciudadana Ramona Pastora Rodríguez de Reyes contra los ciudadanos José Javier Mendoza Pernia y José Rafael Mejias Pérez. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 30 de noviembre de 1998. A tenor de lo previsto en el artículo 76 eiusdem, se impone multa a los ciudadanos José Javier Mendoza Pernia y José Rafael Mejias Pérez, titulares de las cédulas de identidad números 8.025.905 y 7.282.296, parte promovente de la regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, por la cantidad de cinco mil bolívares (Bs. 5.000,oo), comisionándose para su ejecución al Tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios que el abogado de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Estado Lara, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria del abogado Ramón Alberto Aguilar, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 33.837, debiendo informar a esta Sala Político - Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.