Sentencia N° 1570 Político-Administrativa TSJ 2001: José Luis Rodríguez Díaz vs Rafael Salazar — Conflicto de autoridades en el…

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un conflicto de autoridades en el Municipio Antolín del Campo, donde se presentaba una doble titularidad del cargo de Alcalde. Se admitió la solicitud del Alcalde Interino, JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ, para dirimir la controversia. La Sala determinó su competencia para conocer del caso, al no ser de naturaleza constitucional ni electoral, sino administrativa. Se ordenó seguir el procedimiento de amparo y se notificó al demandado, RAFAEL SALAZAR, para que presente un informe en un plazo determinado.

Esta Sala Político Administrativa considera pertinente precisar lo relativo a la competencia para conocer del asunto sometido a su consideración y, posteriormente, examinar lo inherente a la admisibilidad o no de la acción ejercida en el caso de autos. En este sentido, el recurrente expone en el escrito libelar que el motivo de la solicitud viene dado por '... la situación que vive esa Municipalidad al darse una doble titularidad en cuanto a la persona del Alcalde, o sea, existen dos Alcaldes, arrogándose cada quien su condición como tal, lo cual mantiene en zozobra la colectividad, y la paralización de las actividades comunes desarrolladas por dicha Institución, la paralización de las recaudaciones impositivas por no poderse emitir recibos, la inmovilización de las cuentas bancarias y en fin todo ello por la presencia de dos funcionarios en el mismo cargo...'. Por tanto, tal como lo expresa el recurrente, el caso de autos se presenta como un conflicto de autoridades derivado de la existencia de dos funcionarios desempeñando el cargo de Alcalde del Municipio Antolín del Campo del Estado Nueva Esparta. Ahora bien, a los fines de determinar la competencia de esta Sala Político Administrativa para conocer del caso de autos, debe precisar que la controversia tiene su origen en la doble titularidad que -a decir del recurrente-existe en cuanto a la persona del Alcalde, es decir, que existen dos Alcaldes arrogándose cada quien su condición como tal. Del análisis de la naturaleza de la controversia a la que se ha hecho referencia supra, esta Sala precisa que la misma no es de naturaleza constitucional, esto es, aquellas que dan lugar a los procesos constitucionales para dirimir los conflictos de competencias constitucionales entre entidades político territoriales, o entre otros órganos de naturaleza constitucional, en cuyo caso, la competencia correspondería a la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal.

En mérito de las precedentes consideraciones, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CONOCER y DECIDIR el conflicto de autoridades derivado de la doble titularidad en cuanto a la persona del Alcalde en el Municipio Antolín del Campo del Estado Nueva Esparta. SEGUNDO: ADMITE la presente solicitud formulada por el ciudadano JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ DÍAZ, Alcalde Interino del Municipio Antolín del Campo del Estado Carabobo, asistido por el abogado, Alfredo Millán Guzmán, ya identificado. TERCERO: ORDENA seguir el procedimiento previsto en los artículos 23 y siguientes de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en consecuencia ordena la notificación del ciudadano RAFAEL SALAZAR, a fin de que en un lapso de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificación, más cinco (5) días como término de la distancia, presente el informe correspondiente. Una vez que conste en el expediente el informe respectivo, se fijará dentro de las 96 horas siguientes, el día y la hora para que tenga lugar el acto de la audiencia oral y pública, donde las partes podrán presentar los escritos y probanzas que consideren pertinentes. Advirtiéndose que la falta de presentación del referido informe se entiende como aceptación de los hechos aquí expuestos. CUARTO: ORDENA notificar al ciudadano Fiscal General de la República. QUINTO: NIEGA la solicitud de medida cautelar innominada.