Sentencia N° 157 Político-Administrativa TSJ 2000: Juan Carlos Pareja Perdomo vs Ministro de Relaciones Interiores
TSJ/SPA, Sent. N° 00157, Exp. 14825, 17/02/2000 · 17 de febrero de 2000
Expediente14825
Parte actora / solicitanteJUAN CARLOS PAREJA PERDOMO
Parte demandada / contraparteMINISTRO DE RELACIONES INTERIORES
PonenteCarlos Escarrá Malavé
MateriaContencioso-Administrativo
Tipo de recursoNulidad
Fecha de la decisión2000-02-17
DecisiónCon Lugar
Resumen
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara con lugar el recurso de nulidad interpuesto por Juan Carlos Pareja Perdomo contra la Resolución Nº 560 del 5 de febrero de 1998, que confirmaba su destitución. La Sala concluye que la destitución carece de fundamento, ya que no se presentaron pruebas suficientes que justifiquen la medida adoptada. Se resalta la violación del derecho a la defensa y a la presunción de inocencia del recurrente.
Extracto de la motiva
A la luz de las consideraciones anteriores, en el caso de autos se observa que, tomando en consideración que el expediente formado por la Administración que acompaña esta causa - y remitido a este Máximo Tribunal por el Ministerio de Relaciones Interiores- constituye en vía judicial, la prueba que presenta la Administración para demostrar la legitimidad de sus actuaciones, la veracidad de los hechos y el fundamento de sus actuaciones, el acto cuya nulidad aquí se pretende, no se corresponde con los hechos que presuntamente le dieron origen. Realizado un profundo análisis de las actas administrativas, este sentenciador no encuentra asidero veraz de los hechos que se le imputan al recurrente. En efecto, el Director General Sectorial de los Servicios de Inteligencia y Prevención aprobó, de puño y letra, (folio 110) la medida de destitución que le fuera propuesta por la Inspectoría General de los Servicios, “... por mantener (el recurrente) estrecha vinculación con personas ligadas al narcotráfico (familiares de su cónyuge), frecuentar lugares donde expenden sustancias estupefacientes y psicotrópicas, aceptar obsequios de personas de dudosa reputación y encontrarse incurso en la fuga de información de carácter confidencial ...” Ciertamente, en la declaración del ciudadano Edison Thomás Salazar Coa, rendida con anterioridad a la apertura de la averiguación, se le menciona como “... miembro de una familia que ha sido reseñada por la prensa regional desde más de cuatro años (sic) como traficantes y consumidores de droga ... su abuela materna, sus suegros y otros miembros de la familia ... tiene el control de esa área de distribución de droga ... De este mismo Inspector tengo información ... que tenía intervenido el teléfono del Comisario por un funcionario de CANTV... que le informaba de todas las llamadas con relación a droga ... retardan y también le tergiversan informaciones al Comisario ...” Empero, posterior a esta denuncia, ninguna investigación corroboró los hechos denunciados, pues, en cuanto al recurrente se refiere, de las actas administrativas (presentadas como pruebas) aparece lo siguiente: a) las copias fotostáticas de los artículos de prensa no reseñan ni al recurrente ni a su familia; y b) la denuncia del Detective Pallozzi –que originó la averiguación- tampoco menciona en ningún momento ni al recurrente ni a su familia, a pesar de lo explícito de la misma.
Dispositiva
Por los razonamientos expuestos, la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara CON LUGAR el recurso intentado por el ciudadano JUAN CARLOS PAREJA PERDOMO contra la Resolución Nº 560 de fecha 5 de febrero de 1998, dictada por el MINISTRO DE RELACIONES INTERIORES y en consecuencia la ANULA. Se ORDENA al Ministerio en referencia, la inmediata incorporación del mencionado ciudadano al cargo y rango que desempeñaba en la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención -DISIP- para la fecha de la decisión anulada y pagar al mismo ciudadano los sueldos dejados de percibir hasta la fecha de publicación de la presente sentencia, calculados sobre la base del que devengaba para el momento de la destitución.
Palabras clave
nulidaddestituciónderecho a la defensapresunción de inocenciafuncionario públicocontencioso administrativojusticiaadministración pública