Sentencia N° 1568 Político-Administrativa TSJ 2001: Carlos Tremont, Carlos Eric Granadillo… vs Luis Marcano

La Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia recibió una solicitud de varios concejales del Municipio Carirubana, Estado Falcón, para que se pronuncie sobre quiénes son las legítimas autoridades de la Cámara Municipal. La situación se complicó debido a la existencia de dos grupos que se autoproclamaban como autoridades, lo que generó un conflicto de competencias. La Sala Político-Administrativa, tras analizar los antecedentes y la normativa aplicable, declaró su competencia para conocer del caso y admitió la solicitud de los concejales.

Esta Sala observa que, en el escrito contentivo del conflicto, señalan los recurrentes que, éste se da en virtud de que la Cámara Municipal del Municipio Carirubana del estado Falcón existen dos (2) vicepresidentes, dos (2) Secretarios y dos (2) Síndicos Procuradores, y por tanto, solicitan que el Tribunal competente se pronuncie sobre ‘quiénes son las legítimas autoridades de la Cámara del Municipio Carirubana del Estado Falcón en cuanto a quiénes ocupan legalmente el cargo de Vicepresidente, Secretario Municipal y Síndico Procurador’. A tal efecto, los artículos 76, en sus ordinales 1º y 2º, 83 y 86 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, establecen lo siguiente: Artículo 76.- ‘Son facultades de los Concejos y Cabildos: 1º Elegir al Vice-Presidente... 2º Nombrar de fuera de su seno, al Secretario, Síndico Procurador y Contralor...’ Artículo 83.- ‘El Secretario será designado por el Consejo o Cabildo el día de su instalación’. Artículo 86.- “El Síndico Procurador será designado por el Concejo o Cabildo, en el acto de su instalación o dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes’. De las transcripciones anteriores se denota que, en la elección de las autoridades que integran los Concejos o Cabildos Municipales, participan los miembros de dichos entes, por lo cual, tal designación es de carácter interno, ya que es dentro del cuerpo legislativo municipal, y no corresponde a una participación directa del universo de electores inscritos en el Municipio. Tal circunstancia, hace que en tal designación, la participación del universo electoral del Municipio, sea indirecta, toda vez que son los miembros del ente legislativo municipal – los cuales fueron elegidos por los electores inscritos en el Municipio – quienes realizan la designación de sus autoridades. Es por ello, que constituye un acto administrativo, el de designación de las autoridades de los Concejos o Cabildos Municipales, y no es posible enmarcarlos en los llamados actos electorales, y mucho menos, el proceso de designación de tales autoridades, puede ser considerado como un ‘proceso electoral’, en los términos previstos en el artículo 1º de la Ley Orgánica del Sufragio y Participación Política. Esta designación, es una mera actividad administrativa, que realizan los entes legislativos municipales, y todo conflicto que surja con motivo de esa actividad, de conformidad con el artículo 266, numeral 4 de la Constitución, en concordancia con el numeral 9 de ese mismo artículo constitucional, y el artículo 166 de la Ley Orgánica de Régimen Municipal, será de la competencia de la Sala Político-Administrativa de este Tribunal Supremo de Justicia.

1.- SU COMPETENCIA para conocer y decidir el conflicto de autoridades suscitado en el Municipio Carirubana del Estado Falcón. 2.- ADMITE la presente solicitud formulada por el apoderado judicial de los ciudadanos CARLOS TREMONT, CARLOS ERIC GRANADILLO, REGULO ARIAS, RAMÓN GONZÁLEZ, MARINO GUTIERREZ y JULIO RODRÍGUEZ, ya identificados, en su condición de concejales electos en el referido Municipio. 3.- ORDENA seguir el procedimiento previsto en los artículos 23 y siguientes de la Ley Orgánica sobre Derechos y Garantías Constitucionales; en consecuencia, se ordena notificar al ciudadano Alcalde del Municipio Carirubana del Estado Falcón, ciudadano Luis Marcano, señalado por los solicitantes como el presunto agraviante en el presente caso, a fin de que en el lapso de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificación, más el término de la distancia, fijado en cinco (5) días, presente escrito de defensa y luego se fijará el día para que tenga lugar la audiencia oral y pública, a la cual deberán concurrir las partes acompañados de sus apoderados judiciales, oportunidad en que podrán presentar sus escritos y probanzas para demostrar sus alegatos. Concluida la audiencia oral, la causa entrará en estado de sentencia. 4.- ORDENA notificar al Fiscal General de la República de la apertura del presente juicio a tenor de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.