Sentencia N° 1566 Político-Administrativa TSJ 2001: sociedad mercantil COLOMURAL DE VENEZUELA… — Admisibilidad de pruebas en…

El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Político-Administrativa, revisó la apelación interpuesta por la sociedad mercantil COLOMURAL DE VENEZUELA, C.A. contra una sentencia que declaró inadmisibles pruebas de exhibición e informes. La Sala analizó la legalidad de cada medio probatorio y concluyó que la prueba de exhibición debía ser admitida, ya que la recurrente cumplió con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, se confirmó la inadmisibilidad de la prueba de informes solicitada a una persona natural, en lugar de a una persona jurídica, como lo exige la ley.

Para decidir la Sala observa que habiéndose apelado de la negativa de admisión de la prueba de exhibición de documentos, así como de la prueba de informes promovida por la contribuyente, resulta conveniente analizar por separado la legalidad de cada uno de los citados medios probatorios, a los fines de facilitar la comprensión de la presente decisión. Así pudo apreciar esta Sala que el motivo que rodea a la declaratoria de inadmisibilidad de la prueba de exhibición de la Resolución No. HGJT-253 de fecha 10 de octubre de 1995, emitida por la extinta Dirección Jurídico Impositiva del Ministerio de Hacienda, (hoy Ministerio de Finanzas) y que habría sido requerida al SENIAT, se circunscribe a que en criterio del juez a – quo, la contribuyente en su escrito de promoción no dió cumplimiento a los requisitos de procedencia previstos en el artículo 436 del Código de Procedimiento Civil que al efecto establece lo siguiente: “...Artículo 436. – La parte que deba servirse de un documento que según su manifestación, se halle en poder de su adversario podrá pedir su exhibición. A la solicitud de exhibición deberá acompañar una copia del documento, o en su defecto, la afirmación de los datos que conozca el solicitante acerca del contenido del mismo y un medio de prueba que constituya por los menos presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario...”. De la norma transcrita puede apreciarse que los requisitos de procedencia de la prueba de exhibición se limitan a que el promovente acompañe una copia del documento, o en su defecto, la afirmación de los datos que conozca el solicitante acerca del contenido del mismo, mas un medio probatorio que constituya presunción grave de que el instrumento se halla o se ha hallado en poder de su adversario. De manera que nada se menciona con relación al lugar o sitio donde reposan tales instrumentos, pues pudiera ocurrir que éstos hayan sido ocultados por el adversario, a los fines de evitar que sean promovidos en juicio. De ahí que el legislador, en aras de proteger el legítimo derecho a la defensa, previó a través del referido medio probatorio, la posibilidad de que la parte que quisiera hacer valer un instrumento que se halle en poder de su adversario o incluso de un tercero solicite su exhibición, sin que para ello sea necesario conocer el lugar exacto de su ubicación física, sino que basta con producir una prueba indiciaria de que éste se encuentra en manos de la persona a quien se le requiere, lo cual puede ser desvirtuado posteriormente dada la naturaleza iuris tantum que dimana de dicha presunción. Bajo estas premisas pudo apreciarse que el promovente indicó con precisión el objeto de la prueba de exhibición, así como la persona a quien debía requerirse tales documentos, al mismo tiempo que señaló buena parte del contenido de los mismo y suministro prueba suficiente que permite presumir que dicha instrumental se encuentra en poder de su adversario, por lo que el juez a – quo debió admitir la referida prueba de exhibición.

Por las razones antes expuestas, este Tribunal Supremo de Justicia en Sala Político-Administrativa, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por los abogados Margarita Escudero León, María Verónica Espina Molina y Víctor Franquiz Domínguez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos.: 45.205, 75.996 y 61.525, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la contribuyente, sociedad mercantil COLOMURAL DE VENEZUELA, C.A., contra la sentencia interlocutoria dictada en fecha 13 de abril de 2000, por el Tribunal Superior Segundo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda, la cual se revoca parcialmente. En consecuencia, se ordena al Juzgador de la Instancia admitir la prueba de exhibición de documento para que el Servicio Nacional Integrado de Administración Tributaria (SENIAT), lleve a los autos la Resolución No. HGJT-253 de fecha 10 de octubre de 1995, emitida por la extinta Dirección Jurídico-Impositiva del Ministerio de Hacienda, y se confirma el fallo en cuanto a la negativa de admisión de la prueba de informe se refiere. Publíquese, regístrese y comuníquese. Devuélvase el expediente al juzgado de origen. Cúmplase lo ordenado.