Sentencia N° 156 Político-Administrativa TSJ 2000: José Francisco Aular Páez vs Lenny Alfonzo Lara y Celia Nancy Rodríguez…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la jurisdicción para conocer de una acción reivindicatoria presentada por José Francisco Aular Páez contra Lenny Alfonzo Lara y Celia Nancy Rodríguez Espinoza de Lara. La Sala reafirmó que corresponde al Poder Judicial decidir sobre acciones de resolución de contratos, independientemente de su naturaleza, y que la Dirección de Inquilinato solo tiene competencia para tramitar solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento. La decisión impugnada fue confirmada, y se impuso una multa a la parte demandada por interponer una solicitud infundada de regulación de jurisdicción.

Esta Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, el criterio de que corresponde al Poder Judicial, a través de los Tribunales de Justicia, el conocimiento y decisión de las acciones por resolución o cumplimiento de contrato, independientemente de su naturaleza y de que la consecuencia de la misma sea la entrega del bien inmueble objeto del contrato, por cuanto la atribución conferida en materia inquilinaria a la Dirección de Inquilinato, dependiente del Ministerio de Infraestructura o de las Alcaldías Municipales, actuando en materia inquilinaria, según sea el caso, está dirigida únicamente a tramitar las solicitudes de fijación de cánones de arrendamiento, de los inmuebles sujetos a regulación, de conformidad con el artículo 20 de la nueva Ley de Arrendamientos Inmobiliarios, vigente a partir del 1º de enero del año 2000. Del análisis del libelo de la demanda resulta evidente que la acción ejercida, aunque nominada por el actor como una “acción reivindicatoria” es una acción de resolución de un contrato de arrendamiento, por la supuesta ocupación ilegal del inmueble, acción ésta de derecho común prevista en el artículo 1.167 del Código Civil, cuyo conocimiento y decisión única y exclusivamente corresponde a los órganos jurisdiccionales, según lo dispuesto en el antes mencionado artículo, en el 1º del Código de Procedimiento Civil y en el artículo 33 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios. Así se declara.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que el Poder judicial si tiene jurisdicción para conocer y decidir la acción intentada por el ciudadano José Francisco Aular Páez contra los ciudadanos Lenny Alfonzo Lara y Celia Nancy Rodríguez Espinoza de Lara, ambas partes antes identificadas. Queda así confirmada la decisión impugnada, emitida por el a quo en fecha 16 de marzo de 1998. Asimismo, de conformidad con el artículo 76 del Código de Procedimiento Civil, se impone multa a la parte demandada, por el monto de CINCO MIL BOLIVARES (Bs. 5.000,oo), en razón de haber interpuesto una solicitud de regulación de jurisdicción manifiestamente infundada, comisionándose para su ejecución al tribunal de la causa. Igualmente, la Sala considera que en el presente caso existen fundados indicios de que la abogada de la parte demandada ha incurrido en faltas a los deberes procesales de lealtad y probidad, al interponer tanto la falta de jurisdicción, como la regulación de jurisdicción, con manifiesta ausencia de fundamento jurídico, obstaculizando de manera ostensible y reiterada el desenvolvimiento normal del proceso, conductas previstas y sancionadas en los artículos 17 y 170 del Código de Procedimiento Civil, en consecuencia, se ordena expedir por Secretaría, copia certificada del presente fallo para ser remitido al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados del Distrito Federal, a fin de que esta institución gremial provea lo que juzgue conducente, con relación a la responsabilidad ética y disciplinaria de la abogada María Marlene De Andrade Rodríguez, Inpreabogado Nº 51.193, debiendo informar a esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente al tribunal de origen. Cúmplase lo ordenado.