La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia del 8 de octubre de 2003, aborda un conflicto de competencia surgido a raíz de una decisión de la Sala Constitucional que declaró la responsabilidad patrimonial del Estado por el homicidio de Ramón Carmona Vásquez. La Sala Político-Administrativa afirma su competencia para conocer de demandas patrimoniales extracontractuales contra la República y plantea un conflicto de competencia respecto a la decisión de la Sala Constitucional, que excedió sus atribuciones al pronunciarse sobre el fondo del caso. Se acuerda diferir el pronunciamiento sobre el fondo del asunto hasta que la Sala Plena resuelva el conflicto planteado.
Extracto de la motiva
La Sala Político-Administrativa considera que la decisión de la Sala Constitucional de 19 de noviembre de 2002 inhabilita el sistema de la jurisdicción contencioso-administrativa, al menoscabar la competencia natural que la Constitución atribuye a la Sala Político-Administrativa. Se establece que la Sala Constitucional no puede arrogarse competencias jurisdiccionales propias de la Sala Político-Administrativa, y que corresponde a la Sala Plena resolver el conflicto de competencia que se plantea. La Sala Político-Administrativa reafirma su competencia para conocer de asuntos relacionados con demandas patrimoniales extracontractuales contra la República.
Dispositiva
PRIMERO: AFIRMA la competencia de la Sala Político-Administrativa para conocer asuntos relacionados con demandas patrimoniales extracontractuales contra la República. SEGUNDO: PLANTEA conflicto de competencia entre esta Sala Político-Administrativa Accidental y la Sala Constitucional Accidental, como consecuencia de la decisión adoptada por la Sala Constitucional Accidental de 19 de noviembre de 2002, sólo con respecto al pronunciamiento sobre la condena patrimonial contra la República. TERCERO: ACUERDA diferir el pronunciamiento de la decisión que deberá tomar esta Sala Político-Administrativa Accidental sobre el fondo del asunto planteado, o –si fuere el caso– sobre la ejecución del fallo, hasta tanto se produzca la decisión por parte de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, con motivo del conflicto de competencia planteado.
Palabras clave
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