Sentencia N° 1532 Político-Administrativa TSJ 2000: Alcaldía DEL Municipio Autónomo SAN Fernando… vs Instituto Agrario Nacional…
TSJ/SPA, Sent. N° 01532, Exp. 15894, 29/06/2000 · 29 de junio de 2000
Expediente15894
Parte actora / solicitanteALCALDÍA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO SAN FERNANDO DEL ESTADO APURE
Parte demandada / contraparteINSTITUTO AGRARIO NACIONAL (I.A.N.)
PonenteCARLOS ESCARRÁ MALAVÉ
MateriaContencioso-Administrativo
Tipo de recursoNulidad
Fecha de la decisión2000-06-29
DecisiónCon Lugar
Resumen
La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia acepta la competencia declinada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito y del Trabajo para conocer de la demanda de nulidad del contrato de cesión y traspaso entre la Alcaldía del Municipio Autónomo San Fernando del Estado Apure y el Instituto Agrario Nacional. Se anulan todas las actuaciones previas y se ordena la reposición de la causa al estado de admisión, debido a la omisión de notificación al Procurador General de la República, lo que afecta la validez del procedimiento realizado ante el juez incompetente.
Extracto de la motiva
Debe establecer esta Sala si acepta o no la competencia declinada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas para conocer de la presente causa y, al respecto, observa que dentro de la distribución competencial de este Máximo Tribunal establecida en el artículo 42 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, el ordinal 14 dispone lo siguiente: '14. Conocer de las cuestiones de cualquier naturaleza que se susciten con motivo de la interpretación, cumplimiento, caducidad, nulidad, validez o resolución de los contratos administrativos en los cuales sea parte la República, los Estados o las Municipalidades;' (Subrayado de la Sala) Por otra parte, establece el artículo 43 de Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia, que es la Sala Político-Administrativa la competente para conocer de los asuntos a los que se refiere el ordinal 14 del artículo 42. Conforme a lo antes expuesto debe esta Sala determinar si el contrato al que se refiere el presente caso es o no un contrato administrativo. En este sentido, observa que ha sido reiterada y pacífica la jurisprudencia de este Alto Tribunal, al considerar contratos administrativos, los celebrados en relación a los Ejidos Municipales, criterio recientemente ratificado por sentencia de esta Sala de fecha 11 de mayo de 2000, caso TRINO JUVENAL PÉREZ SOLANO contra ALCALDÍA DEL MUNICIPIO GUANIPA DEL ESTADO ANZOATEGUI, la cual señaló lo siguiente: '…Reafirma ante tal planteamiento la Sala el criterio que se ha venido sosteniendo y ratificando de que son contratos administrativos, los referidos o celebrados en relación a los Ejidos, por su naturaleza, por su regulación un tanto exorbitante del derecho común especial, y por el objetivo de interés público en su conjunto. De allí, que resulte menester para este órgano jurisdiccional ratificar el criterio sostenido por esta Sala en la decisión 'Acción Comercial', según el cual '…Cuando requerimientos de interés público así lo postulan, acude la Administración a la figura del contrato administrativo para asegurarse la colaboración del particular en la satisfacción de determinandas necesidades de interés general. La presencia de la Administración -dadas determinadas condiciones- en el negocio jurídico, marca a éste, inevitablemente, de características distintas a las de la contratación ordinaria, para asegurar de esta manera que aquélla, depositaria del interés general o colectivo, pueda comprometerse sin sacrificarlo en aras de intereses privados de los administrados, por importantes -individualmente considerados- que éstos parezcan. Los particulares contratantes quedan, a su vez, protegidos en ese género de convenciones gracias a la intangibilidad de la ecuación económica del contrato, en virtud de la cual una lesión a su patrimonio derivada del incumplimiento por la administración de las cláusulas convenidas (rescisión por motivos supervinientes: “hecho del príncipe”, circunstancias imprevisibles, fuerza mayor...) es compensada con la correspondiente indemnización al particular de los daños y perjuicios que pudieren habérsele ocasionado. No sin razón se ha afirmado que entre esos dos extremos -sujeción a las normas de derecho civil, expresada en el respeto a la ecuación económica del contrato; y violación de algunos de los principios de derecho privado, motivada en razones de interés público- encuentra su adecuado y paradójico juego la peculiar teoría del contrato administrativo, cuya regulación queda sometida a reglas especiales distintas de las que rigen los pactos jurídico-privados…'.
Dispositiva
PRIMERO: ACEPTA la competencia declinada por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario y de Tránsito y del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, para conocer de la demanda de nulidad del contrato de cesión y traspaso, celebrado entre ALCALDÍA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO SAN FERNANDO DEL ESTADO APURE y el INSTITUTO AGRARIO NACIONAL (I.A.N.). SEGUNDO: SE ANULAN todas las actuaciones y, en consecuencia, se ORDENA la reposición de la causa al estado de admisión. TERCERO: SE ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que se pronuncie sobre la admisión, con excepción del problema de la competencia ya decidido en este fallo.