Sentencia N° 153 Político-Administrativa TSJ 2000: Rosario Nouel de Monsalve — Recurso contencioso-administrativo de nulidad y…

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso contencioso-administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Rosario Nouel de Monsalve, quien fue suspendida de su cargo como Juez de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas. La recurrente alegó que la Asamblea Nacional Constituyente carecía de competencia para dictar la resolución que motivó su suspensión, argumentando violaciones a sus derechos constitucionales a la defensa y al debido proceso. La Sala, tras analizar los alegatos y la competencia para conocer del recurso, declaró que era competente para conocer del mismo y admitió la acción de amparo constitucional. Se ordenó notificar a los ciudadanos involucrados en la resolución impugnada para que informen sobre la pretendida violación que motiva la acción de amparo, estableciendo un plazo para su respuesta. Finalmente, la Sala decidió que la acción de amparo era procedente y ordenó las notificaciones pertinentes, reafirmando su competencia en el caso y la admisibilidad del recurso interpuesto.

Corresponde en primer término a esta Sala pronunciarse sobre su competencia para conocer de la acción de amparo que, dada su naturaleza accesoria del recurso de nulidad, dependerá de la que corresponda para conocer de este último, pasando, una vez decidida positivamente la competencia, a pronunciarse sobre la admisibilidad de la solicitud cautelar de amparo. Por lo que atañe a la competencia, observa la Sala que el recurso contencioso administrativo de nulidad ha sido ejercido en forma conjunta, en la forma prevista en el artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, con solicitud de amparo cautelar, por lo que esta última se trata de una acción accesoria de una acción principal que, en consecuencia, fija el destino de aquélla (Vgr. Sentencia Tajetas Banvenez de fecha 10 de julio de 1991). En efecto, en los casos en los cuales el ejercicio de la acción de amparo no es autónomo, sino conjunto con una acción principal, el amparo se ciñe por lo que atañe a la determinación de la competencia y otros elementos, a la acción principal. Ahora bien, la presente acción de amparo se ha interpuesto en contra de la Resolución N° 614 de fecha 09 de noviembre de 1999, dictada por la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura y la Comisión de Emergencia Judicial que le fuera notificada a la recurrente el 13 de diciembre de 1999, mediante la cual fue suspendida del cargo de Juez de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas, constituyendo dicha Resolución, un acto administrativo de efectos particulares. La competencia de esta Sala para conocer de estas acciones conjuntas, ha sido ratificada mediante sentencia dictada en fecha 20 de enero del año 2000 por este Máximo Tribunal en Sala Constitucional, mediante la cual se expresó lo siguiente: “Al estar vigente el citado artículo 5°, surge una excepción a la doctrina sobre la competencia en materia de amparo, contenida en este fallo, y es que los tribunales, incluyendo las Salas de este Supremo Tribunal, que conozcan de procesos de nulidad de actos administrativos de efectos particulares, o contra negativas o abstenciones de la Administración, mediante recursos contenciosos administrativos, podrán a su vez conocer de los amparos previstos en el artículo 5° de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, siempre que el recurso de nulidad o por abstención de la Administración, no se funde en una infracción directa e inmediata de la Constitución, y siempre que la acción de amparo no se encuentre caduca. Resultado de la doctrina que se expone, es que las Salas de este Tribunal Supremo de Justicia que conocen amparos que no se han ejercido conjuntamente con recursos contenciosos administrativos, remitirán a esta Sala las acciones de amparo que venían tramitando, mientras que la Sala Político-Administrativa y la Sala Electoral seguirán conociendo los amparos que se ejercieron o se ejerzan conjuntamente con el recurso contencioso administrativo o electoral de anulación de actos o contra las conductas omisivas.” No obstante lo anterior, esta Sala advierte que el acto mediante el cual fue notificada la recurrente de la medida de suspensión, le indica a ésta que tiene el “Recurso Contencioso por ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia, el cual podrá interponer dentro de los treinta (30) días siguientes, contados a partir de la fecha de la presente notificación”. Sin embargo, aun cuando el referido acto de notificación delimita la interposición de la acción recursiva ante la Sala Plena de este Máximo Tribunal, es menester destacar que la mayoría de las competencias que tenía la referida Sala Plena antes de la promulgación de la vigente Carta Magna, han sido ahora asumidas por la recién creada y establecida Sala Constitucional. En el caso de autos, esta Sala observa que el acto impugnado, si bien es dictado en virtud de dos instrumentos jurídicos por la Asamblea Nacional Constituyente, lo que constituye su base legal, también verifica que el referido acto recurrido es de efectos particulares “no dictado en ejecución directa e inmediata de la Constitución”, cuestión ésta que lo excluye del conocimiento que tiene atribuida la Sala Constitucional por expresa disposición del Texto Fundamental (Vgr. Artículo 336), y, en consecuencia, la competencia para conocer de la presente acción corresponde a esta Sala Político Administrativa, de conformidad con lo establecido en los artículos 259 de la Constitución de la República (el cual señala que la jurisdicción contencioso administrativa corresponde al Máximo Tribunal y a los demás tribunales que determine la ley, los cuales son competentes para anular los actos administrativos generales o individuales contrarios a derecho, incluso por desviación de poder), y en el único aparte del 266 de la vigente Carta Magna; conjuntamente con lo preceptuado en los artículos 42, numeral 11, y 43 de la Ley Orgánica que rige las funciones de este Máximo Tribunal. Así se declara.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Sala Político Administrativa, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de nulidad interpuesto de manera conjunta con solicitud de amparo cautelar, contra la Resolución N° 614 de fecha 09 de noviembre de 1999, dictada por la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura y la Comisión de Emergencia Judicial notificada a la recurrente el 13 de diciembre de 1999, mediante la cual fue suspendida del cargo de Juez de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Area Metropolitana de Caracas. En consecuencia, ADMITE por cuanto ha lugar a derecho, la acción de amparo constitucional ejercida, y en consecuencia, ORDENA notificar a los ciudadanos Manuel Quijada, en su condición de Presidente de la Comisión de Funcionamiento y Restructuración del Poder Judicial, y al ciudadano René Molina Galicia, en su condición de Inspector de Tribunales, a fin de que, en el término de cuarenta y ocho (48) horas, informen sobre la pretendida violación que motiva la presente acción de amparo, con expresa indicación de que la falta de presentación oportuna del mencionado informe, será considerada como aceptación de los hechos incriminados. Así se decide. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.