Sentencia N° 1529 Político-Administrativa TSJ 2000: Chaker El-Kathib vs Embajada de la República de Iraq

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia declara que los tribunales venezolanos no tienen jurisdicción para conocer y decidir sobre el juicio promovido por Chaker El-Kathib contra la Embajada de la República de Iraq. La decisión se fundamenta en el principio de inmunidad de jurisdicción que protege a los agentes diplomáticos, lo que impide que los tribunales nacionales conozcan de juicios en los que sean parte sujetos de Derecho Internacional Público. La Sala confirma la decisión del juzgado de origen que había declarado la falta de jurisdicción.

La falta de jurisdicción sólo puede ocurrir, o bien cuando el conocimiento del asunto esté atribuido a la Administración Pública, o bien respecto del juez extranjero. El criterio antes expuesto, reviste ahora mayor relevancia a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Derecho Internacional Privado, que prevé en su normativa, lo relativo a la falta de jurisdicción del juez en aquellos asuntos que interesan al Derecho Procesal Civil Internacional. El contenido de dicha ley resulta de aplicación inmediata al caso bajo estudio, por preceptuarlo así el artículo 24 de la también novísima Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual dispone: “Ninguna disposición legislativa tendrá efecto retroactivo, excepto cuando imponga menor pena. Las leyes de procedimiento se aplicarán desde el momento mismo de entrar en vigencia aun en los procesos que se hallaren en curso; pero en los procesos penales, las pruebas ya evacuadas se estimarán, en cuanto beneficien al reo o rea, conforme a la ley vigente para la fecha en que se promovieron. Cuando haya dudas se aplicará la norma que beneficie al reo o rea.” Por tanto, en ejercicio del mandato constitucional, ha de aplicarse de forma inmediata la Ley de Derecho Internacional Privado en los casos que, como el presente, le corresponda resolver acerca de la jurisdicción del juez venezolano frente al juez extranjero.

De conformidad con los razonamientos anteriormente señalados, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara que LOS TRIBUNALES VENEZOLANOS NO TIENEN JURISDICCIÓN PARA CONOCER Y DECIDIR SOBRE EL PRESENTE JUICIO. En consecuencia, se confirma la decisión dictada por el a quo en fecha 27 de mayo de 1998 y, de conformidad con el artículo 57 de la Ley de Derecho Internacional Privado, se ordena devolver el expediente al Tribunal de origen, a los fines de su archivo, quedando extinguida la causa. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.