Sentencia N° 1524 Político-Administrativa TSJ 2000 — Nulidad de acto administrativo

La Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre un recurso de nulidad interpuesto contra un acuerdo del Concejo Municipal del Municipio Autónomo Sucre del Estado Aragua. El Juzgado Superior se declaró incompetente y declinó el conocimiento del caso a esta Sala, fundamentándose en razones de inconstitucionalidad. La Sala, al analizar la situación, determinó que el derecho de propiedad no es absoluto y puede estar sujeto a limitaciones establecidas por la ley.

El artículo 181 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia establece: “Mientras se dicta la Ley que organice la jurisdicción contencioso-administrativa, los Tribunales Superiores que tengan atribuida competencia en lo Civil, conocerán, en primera instancia en sus respectivas circunscripciones, de las acciones o recursos de nulidad contra los actos administrativos de efectos generales o particulares, emanados de autoridades estadales o municipales de su jurisdicción, si son impugnados por razones de ilegalidad. Cuando la acción o el recurso se funde en razones de inconstitucionalidad, el Tribunal declinará su competencia en la Corte Suprema de Justicia. (omissis)”. De la norma parcialmente transcrita, en concordancia con el artículo 43 ejusdem, se desprende que para que esta Sala Político Administrativa pueda conocer de las acciones que se interpongan contra los actos administrativos emanados de autoridades estadales o municipales, es necesario que, las mismas, se fundamenten en razones de inconstitucionalidad. Ahora bien, en el presente caso se interpone un “recurso de nulidad por ilegalidad (sic)”, contra el Acuerdo dictado en fecha 3 de mayo de 1.996, por el Concejo Municipal del Municipio Autónomo Sucre del Estado Aragua, presuntamente por violar los artículos 545 y 547 del Código Civil. No obstante, los recurrentes en su escrito libelar alegan la violación del artículo 99 de la Constitución de la República de Venezuela del año 1.961, la cual disponía: “Se garantiza el derecho de propiedad. En virtud de su función social la propiedad estará sometida a las contribuciones, restricciones y obligaciones que establezca la ley con fines de utilidad pública o de interés general.” Es por ello que el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, al observar que se invocaban vicios de inconstitucionalidad, declinó el conocimiento del presente caso en esta Sala Político Administrativa.

Con fundamento en las precedentes consideraciones, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua, en virtud de la decisión que dictara en fecha 10 de diciembre de 1.996. SEGUNDO: Ordena remitir el expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que se pronuncie acerca de cualquier otro extremo de admisibilidad –salvo la competencia- y si ello resultare procedente, sustancie el juicio con arreglo a los trámites procesales pertinentes. TERCERO: Remítase, con oficio, copia certificada de la presente decisión al Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, con sede en Maracay, Estado Aragua. Publíquese, regístrese y comuníquese. Cúmplase lo ordenado.