Sentencia N° 15 Político-Administrativa TSJ 2000: Carlos Miguel Morillo Rondón vs Consejo Supremo Electoral

La Sala Político-Administrativa del TSJ se pronunció sobre un recurso de amparo constitucional y nulidad interpuesto por Carlos Miguel Morillo Rondón contra un acto del Consejo Supremo Electoral que lo removió de su cargo. La Sala declaró improcedente tanto la solicitud de suspensión de efectos del acto recurrido como la medida cautelar innominada, argumentando que no se cumplían los requisitos necesarios para su procedencia. Se destacó que el recurrente no demostró la existencia de un perjuicio irreparable y que su cargo era considerado de libre nombramiento y remoción.

La falta de impulso procesal adecuado, por el solicitante de la suspensión, podrá dar lugar a la revocatoria de esta, por contrario imperio. Al interpretar la norma transcrita, ha señalado la Sala que su contenido concede una amplia facultad discrecional que permite pronunciarse y decidir respecto de los efectos que produce el acto administrativo individual impugnado, y de acordar o no la suspensión temporal, solo con vista de las circunstancias del caso concreto en examen. En el caso que nos ocupa la suspensión de efectos fue fundada en los diarios y perjuicios que le ocasiona la ejecución del acto administrativo en cuestión, así como '...por las limitaciones y de la separación sin justa causa de sus labores habituales como consecuencia del acto lesivo.' De igual modo remite a las motivaciones expuestas en el capítulo referente a su petición de amparo cautelar, ya negada por la Sala, para sostener la procedencia de su solicitud. Al respecto, observa la Sala, que siendo el mecanismo cautelar contemplado en el articulo 136 de la Ley que rige las funciones de este Alto Tribunal, como antes se explicó, de aplicación excepcional, en el caso de autos los representantes del actor no llenaron los extremos antes aludidos, en lo que respecta a la determinación concreta de los daños que no serían reparables en caso de una declaratoria con lugar de la acción principal, limitándose a señalar de manera genérica que la ejecución del acto le infringe perjuicios, que por lo demás son consustanciales a toda medida disciplinaria.

Por las razones antes expuestas, esta Sala Político-Administrativa de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara IMPROCEDENTES: 1.- La suspensión de los efectos del acto recurrido, conforme al artículo 136 de la Ley Orgánica de la Corte Suprema de Justicia; y 2.- La medida cautelar innominada, planteadas en el juicio contencioso administrativo de anulación intentado por el ciudadano CARLOS MIGUEL MORILLO RONDÓN, contra el acto emanado del entonces CONSEJO SUPREMO ELECTORAL contenido en el Oficio s/n de fecha 14 de enero de 1998, mediante el cual, el Presidente de ese organismo, lo removió del cargo de Fiscal Revisor adscrito a la Fiscalía General de Cedulación del mencionado ente administrativo. En consecuencia-, se ordena la devolución del expedientes al Juzgado de Sustanciación de esta Sala, a fin de que la causa continúe su curso de Ley.