Sentencia N° 1498 Político-Administrativa TSJ 2000: Vidal Lima Quereigua vs Instituto Venezolano de LOS Seguros Sociales

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia se pronunció sobre la competencia para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano Vidal Lima Quereigua contra el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. La Corte Primera de lo Contencioso Administrativo había declarado su incompetencia, argumentando que la relación del quejoso con el Instituto no le confería la condición de funcionario público, lo que llevó a la Sala a analizar la naturaleza jurídica del ente demandado y su competencia.

Corresponde a esta Sala la determinación del Tribunal competente para conocer en primera instancia de la acción autónoma de amparo constitucional interpuesta por el ciudadano VIDAL LIMA QUEREIGUA, contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES, en virtud de que, según expresa el quejoso, le ha sido rescindido el “contrato-beca” como médico residente. El Tribunal a-quo fundamenta su fallo, por el cual se declara incompetente para conocer de la causa, estimando que corresponde dicho conocimiento al Tribunal de Carrera Administrativa, expresando que “...se está en presencia de una relación jurídica de empleo público de carácter funcionarial, en la cual, si bien es cierto que el quejoso no ostenta la condición de funcionario público en sentido estricto, mantiene una relación laboral de carácter público con el organismo pretendidamente agraviante, fundamentada en un “contrato-beca” que atribuye derechos y obligaciones a ambas partes.” (Subrayado de la Sala). En ese sentido, observa la Sala, que tal como señala el a-quo y, como se desprende de Autos, el quejoso no detenta la condición de funcionario público y, por ende, no se encuentra aforado bajo el régimen especial que estatuye la Ley de Carrera Administrativa y; en tal sentido, su relación o vinculación con el Instituto Autónomo presuntamente conculcante, no es otra que la que se genera a raíz de una relación de sujeción especial en virtud de un contrato, por el cual, a la vez de prestar servicios a la institución, se hace acreedor del derecho a recibir la impartición de estudios, instrucciones e implementos. Situación ésta última, que de forma generalizada se conoce como contratos “Beca-Trabajo” o “Contrato-Beca” tanto en el sector público como en el privado.

Por las razones expuestas esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara COMPETENTE A LA CORTE PRIMERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO para conocer de la acción de amparo constitucional interpuesto por el ciudadano VIDAL LIMA QUEREIGUA contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES. Publíquese, regístrese y comuníquese. Remítase el expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo. Cúmplase lo ordenado.