La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, en su decisión, declaró con lugar la apelación interpuesta por la Contraloría General de la República contra la sentencia de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo que había otorgado un amparo cautelar a los ciudadanos Erwin Arrieta Valera y Evanán Romero Gutiérrez. La Corte consideró que la Contraloría había violado el derecho a la presunción de inocencia al emitir declaraciones previas a la decisión administrativa que afectaron a los recurrentes. La Sala revocó la decisión anterior y ordenó la continuación del proceso administrativo.
Extracto de la motiva
La Sala observa que el escrito contentivo de la solicitud cautelar se fundamentó en la presunta violación de los derechos constitucionales a la defensa y debido proceso, el derecho a la presunción de inocencia, y el derecho a la igualdad y no discriminación; el primero y el último fueron desestimados por el a quo. La representación judicial de la Contraloría apeló de la decisión dictada por el Tribunal de instancia, denunciando los presuntos vicios del fallo. Como primer punto alegó que el a quo al suspender los efectos del acto impugnado incurrió en error 'tanto conceptual como lógico', pues de conformidad con los artículos 122 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y 63 de su Reglamento, dicho acto no se encontraba firme en vía administrativa al haber interpuesto los accionantes, en fecha 2 de marzo de 1998, recursos jerárquicos, en virtud de lo cual sus efectos ya se encontraban suspendidos, por lo que era inadmisible la medida cautelar de amparo constitucional, según lo previsto en los numerales 1 y 2 del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.
Dispositiva
En virtud de los razonamientos precedentemente expuestos, esta Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la apelación ejercida por la representación judicial de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, contra la sentencia dictada por la Corte Primera de lo Contencioso-Administrativo en fecha 16 de marzo de 1998. En consecuencia, se REVOCA en todas sus partes dicho fallo.
Palabras clave
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