Sentencia N° 1490 Político-Administrativa TSJ 2000: ANDRES VELASQUEZ y ELIECER CALZADILLA vs Contraloria General de la Republica

La Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia decidió declarar sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada María Eugenia Ortega Poleo, en representación de los ciudadanos Andrés Velásquez y Eliécer Calzadilla, contra la Resolución S/N de fecha 22 de enero de 1998 dictada por la Contraloría General de la República. Esta resolución confirmaba la responsabilidad administrativa de los recurrentes por la adquisición de vehículos sin seguir el procedimiento de licitación establecido por la Ley de Licitaciones del Estado Bolívar.

La Resolución que se impugna, y que confirma la decisión emitida por la Dirección de Averiguaciones Administrativas de la Dirección General de Control de Entidades Autónomas de ese organismo, impone Responsabilidad Administrativa al ciudadano ANDRES VELASQUEZ, antes identificado, pues según asienta, en su condición de Gobernador del Estado Bolívar, ordenó la adquisición mediante adjudicación directa, de treinta y un (31) vehículos rústicos marca Toyota, modelo 1995, a la empresa TOYOTA DE VENEZUELA C.A., por un monto de NOVENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL CIEN BOLÍVARES (Bs. 99.265.100,oo) y, al ciudadano ELIECER JESUS CALZADILLA ALVAREZ, también antes identificado, visto que, según expresa la Resolución contra la cual se recurre, en su condición de Secretario General de Gobierno del mencionado Estado, refrendó la Resolución N° 14 de fecha 22 de noviembre de 1994, por la cual se adjudicó directamente la adquisición de los antes referidos vehículos. Siendo que - según señala la Resolución de la Contraloría General de la República -, de acuerdo al monto de la operación, la adquisición debió efectuarse mediante el procedimiento establecido en la Ley de Licitaciones del Estado Bolívar, actuación ésta por cual, los prenombrados ciudadanos contravinieron la disposición contenida en el artículo 22 ordinal 1° de dicha Ley; conductas éstas generadoras de responsabilidad administrativa de conformidad con lo previsto en el artículo 81 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, en vigencia para la oportunidad en que ocurrieron los hechos descritos y que, según expone el acto recurrido, persisten como ilícitos administrativos, a tenor de lo pautado en el artículo 113 numeral 1 de la vigente Ley Orgánica de la Contraloría General de la República.

Por las razones expuestas, esta Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR, el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada María Eugenia Ortega Poleo, en su carácter de apoderado judicial de los ciudadanos ANDRES VELASQUEZ y ELIECER CALZADILLA, todos supra identificados, contra de la Resolución S/N de fecha 22 de enero de 1998 dictada por la CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA, por la cual se confirmó la decisión de fecha 12 de junio de 1997, dictada por la Dirección de Averiguaciones Administrativas de la Dirección General de Control de Entidades Autónomas de ese Organismo Contralor, mediante la cual se declaró la RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA de los mismos. Publíquese, regístrese y, vista la naturaleza de la presente decisión, notifíquese a la Contraloría General de la República. Cúmplase lo ordenado.